El juicio por el fraude de Mina La Camocha que derivó en condenas de nueve años por desviar millones de ayudas al carbón para cinco acusados, incluido el exconsejero de Industria del Gobierno asturiano, Víctor Zapico, ha sido anulado y deberá celebrarse otro "por distinto juzgador y con estricto cumplimiento de todas las formalidades legales".

Así consta en una sentencia de la sección número 8 de la Audiencia Provincial a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que no cabe recurso. Las actuaciones deberán devolverse al juzgado de procedencia para que se vuelva a celebrar el nuevo juicio.

Además de Zapico como apoderado de Mina La Camocha, habían sido condenados en 2014 por el juzgado de lo Penal número 2 de Gijón Manuel Martín Martín (presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha), Ángel Manuel García Brugos (administrador único de Hullas de Coto Quirós), Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez (apoderado tanto de Hullas Coto Quirós como de trabajos y Explotaciones) y Margarita García Fernández (responsable de contabilidad y apoderada de Mina La Camocha). Los cinco apelaron.

Ahora la Audiencia Provincial acepta los antecedentes de hecho de aquella sentencia, pero no la declaración de hechos probados, que queda sin efecto. El motivo es que la Audiencia Provincial aprecia "falta de imparcialidad" en la juez de Gijón que impuso la condena.

De hecho, en los fundamentos jurídicos, la Audiencia se muestra muy severa con la jueza del caso, Rosario Hevia. "La juzgadora s extralimitó en su función de dirigir los debates, revelando el contenido de las preguntas formuladas, así como las valoraciones hechas con ocasión de los interrogatorios, una previa toma de posición con respecto al objeto del enjuiciamiento, incompatible con la debida imparcialidad que ha de presidir su función", es uno de los argumentos de la sentencia.

La Audiencia llega a esa conclusión tras visionar el juicio y los diferentes testimonios. Concluye que la jueza llegó a realizar preguntas innecesarias, de contenido incriminatorio, que revelaban un "juicio formado". Como ejemplo pone una pregunta que realizó a Víctor Zapico, que había expresado su deseo de responder sólo a su abogado defensor. La jueza se dirigió a él en 2014 diciendo que lo normal no era que en la Mina La Camocha entraran camiones con carbón, sino que saliesen.

La sentencia establece que Rosario Hevia no se limitó a solicitar aclaraciones sobre puntos concretos, sino que tuvo una posición "activa y parcial" a la hora de no dejar concluir a los testigos o adelantando el contenido de las respuestas.

Todo ello hace que la Audiencia estime consistentes las dudas planteadas sobre la parcialidad de la jueza. "Los episodios habido exceden de lo que podría constituir meras vicisitudes propias de la dirección del debate", señala.

Por todo ello, el juicio por el fraude de Mina La Camocha deberá volver a celebrarse. La investigación del caso fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de que la Guardia Civil de Gijón detectara el movimiento sospechoso de carbón importado desde el Puerto de El Musel hasta Mina La Camocha, en 1999, y su supuesta venta a las térmicas como nacional.