El artículo 135 de la Constitución Española es el encargado de regular y garantizar el principio de estabilidad presupuestaria en las Administraciones Públicas. Además, últimamente también es el protagonista de la crónica política en nuestro país, ¿por qué?

El PP y UPN han rechazado este pasado martes en el Congreso revisar la reforma constitucional que en 2011 llevó a cabo de forma urgente el Gobierno de Zapatero con el apoyo del PP y que establecía que el déficit estructural no podía superar el 0,4% del PIB y que el pago de la deuda tendría "prioridad absoluta".

La iniciativa para revisar este artículo, propuesta por Izquierda Plural y el Grupo Mixto, contó con el apoyo del resto de partidos políticos, incluído el PSOE, ya que su secretario general, Pedro Sánchez, ha dicho que la decisión de 2011 fue "un error", pese a que en su momento la apoyó.

1. ¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE LA REFORMA?

El cambio de este artículo de la Constitución se produjo entre agosto y septiembre de 2011 motivado por la crisis económica del país y con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos por España al integrarse en la Unión Europea, es decir, para "reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país", según se publicó en el BOE el 27 de septiembre de ese año.

La razón de llevar a cabo este cambio por el procedimiento de urgencia y lectura única en el Pleno se justificaba por "la situación del momento y el amplio consenso político", matiza el letrado de las Cortes Generales Vicente Moret en la sinopsis de este artículo, disponible en la web del Congreso.

2. ¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES CAMBIOS?

Este 'nuevo' artículo admite la existencia de "una cierta cantidad de déficit" constante, el llamado déficit estructural, pero establece que éste no puede superar unos límites establecidos por la Unión Europea que se sitúan en el 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Asimismo, incluye que los créditos para satisfacer intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se incluirán en los presupuestos como gastos y "su pago gozará de prioridad absoluta". También fija que el volumen de deuda no podrá superar el valor establecido en el Tratado de Funcionamiento de la UE, que se sitúa en el 60 por ciento del PIB.

Sobre el déficit estructural y el volumen de deuda pública también establece que sus límites sólo podrán superarse "en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado".

Este artículo determina que será una ley orgánica la que regule el límite de déficit, por lo que se creó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el 27 de abril de 2012. Ésta distribuye los límites de déficit y deuda entre las Administraciones Públicas, diseña el procedimiento para calcular el déficit estructural y determina cuál es la responsabilidad de cada Administración si incumple los objetivos de estabilidad en su presupuesto.

3. ¿QUÉ PEDÍAN LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS?

La iniciativa debatida y rechazada este martes, por su parte, pretendía dar "prioridad absoluta" al pago de los créditos presupuestarios "para satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales".

De este modo, su texto también quería la derogación de todas las leyes orgánicas derivadas de este artículo de la Constitución, en particular la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que aprobó el Gobierno de Rajoy.

4. POLÉMICA DENTRO DEL PSOE

Pedro Sánchez ha asegurado que la medida de 2011 fue "un error" porque se hizo sin el "refrendo de los españoles" y "no puede haber reforma de la Constitución sin el voto" de estos. "El PSOE está dispuesto a reconocer y corregir ese error", ha dicho.

A este respecto, Sánchez ha explicado que, al apoyar la iniciativa de Izquierda Plural y Grupo Mixto, quería "completar" y no "derogar" dicho artículo, pues entiende que la reforma impulsada por Zapatero en 2011 ha servido para "amparar los recortes" del Gobierno de Rajoy. Por esto, ha insistido en que buscaba garantizar la estabilidad presupuestaria pero "blindando" la financiación de la educación y la sanidad públicas y el sistema público de pensiones.

Una decisión que ha recibido el apoyo de varios compañeros de partido, como el secretario de Acción Política y Ciudadanía del PSOE, Patxi López, quien ha asegurado que le ha llegado "un aplauso unánime" porque "hubo mucha gente que no entendió la reforma constitucional".

Sin embargo, el exministro socialista Miguel Sebastián y el exasesor del PSOE Javier Vallés, entre otros, han criticado la decisión de Sánchez y han reivindicado la necesidad de mantener el contenido básico de la reforma constitucional tal cual se aprobó en 2011.

5. CRÍTICAS DEL RESTO DE PARTIDOS

Desde el PP, por su parte, han tachado de "irresponsable y oportunista" a Sánchez. De hecho, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido que la reforma de 2011 es "una de las herramientas que está permitiendo superar la crisis actualmente".

El mismo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado este miércoles en el Congreso que el secretario general del PSOE quiera "cargarse" el artículo 135 de la Constitución e incluso ha llegado a decir que el Partido Socialista estaba "mucho mejor" cuando lo lideraba Alfredo Pérez Rubalcaba.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, también se ha pronunciado y ha reprochado a Sánchez que se sume a la iniciativa ahora; por su parte, el portavoz económico de Izquierda Plural, Alberto Garzón, sí ha celebrado que la nueva dirección socialista acepte corregir el artículo.

6.- RESPUESTA DEL GOBIERNO

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha recordado este martes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que el compromiso con el déficit y la deuda que recoge el artículo 135 de la Constitución hay que cumplirlo si se quiere formar parte del euro y no sólo porque esté en la Carta Magna.

"Estoy convencido de que el líder actual del PSOE, por muy compleja que sea su situación entre (José Luis Rodríguez) Zapatero y Podemos, sin duda no quiere sacar a España del euro", ha dicho Guindos en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Deloitte.