En uno de mis primero artículos en Dignidad Digital, titulado “Autónomos engañados”, reflexionaba sobre la deriva intervencionista del Gobierno Socialista sobre el colectivo de los autónomos, colectivo integrado por más de 3.000.000 de españoles. En dicho artículo hablaba de que el régimen de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos era el único que hasta le fecha se había librado del estatismo más feroz y que contaba con importantes márgenes para la libertad de elección, permitiendo al autónomo diseñar a la carta su modelo de previsión futura, pudiendo optar entre distintas coberturas, bases de cotización y -lo que es aun más importante- entre contratarlo con proveedores privados o con la Seguridad Social o, simplemente, con nadie. En definitiva, un régimen en el regido por la soberanía del propio autónomo y por la ética de la responsabilidad individual.

 También les comentaba que, en los últimos años, ese régimen ha sido objeto de permanentes ataques legislativos que han desnaturalizado dicha institución. Primero obligándoles a cotizar para la incapacidad temporal, después creando la absurda figura del autónomo económicamente dependiente, abriendo la puerta a la cobertura por accidentes de trabajo y por último, la prestación por cese de actividad o paro del autonomo, que en principio se presentaba como optativo pero que yo ya les advertía que acabaría por hacerse extensivo a todo el colectivo. Lo que yo no me imaginaba es que el Gobierno Socialista, necesitado de nuevos ingresos con los cuales mantener sus política irresponsable y animado por una voracidad liberticida sin límite, iba a tardar tan poco tiempo en dar el zarpazo definitivo a los autónomos.

 Así, en el Anteproyecto de la Ley de modernización del Sistema de Seguridad Social o sea, de la que está destinada a recortar -que no a reformar- el sistema estatal de pensiones español, establece en su Disposición Adicional quincuagésima séptima que:

 "Con efectos de 1 de enero de 2013, la protección frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales formará parte de la acción protectora obligatoria de todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social con respecto a los trabajadores que causen alta en cualquiera de los mismos a partir de la indicada fecha.”

 Es decir, a partir del 1 de enero de 2013, todo aquel que se dé de alta en la Seguridad Social, en particular los trabajadores autónomos, tendrán la obligación de cotizar -y pagar- por accidentes de trabajo y, consecuentemente, también deberán cotizar -y pagar- para el cese de actividad. En dos palabras, serán menos libres para organizar su vida y planificar su futuro. 

Pese a que ya es sobramente conocido, aun no he oído a ninguna asociación de autónomos manifestarse contra esta tropelía, ni les oiré, pues me temo que sus dirigentes ya están convenientemente cebados con el reparto de puestos y sueldos en el Consejo del Trabajo Autónomo y en el Consejo Económico y Social, así como con la correspondiente lluvia de subvenciones para las asociaciones sumisas y serviles al Poder. 

Pero lo que me extraña de verdad es que, en este tiempo, tampoco he oído a las compañías de seguros privados decir nada al respecto, ni poner el grito en el cielo por este ataque flagrante a la libre competencia, pues esta entrada del Estado en un nuevo sector económico por la vía de la obligatoriedad coactiva supone una competencia desleal, un abuso de posición dominante y una extralimitación del Estado al invadir ámbitos propios de la libre empresa y de la soberanía pesonal. Ya existen múltiples compañías de seguros que ofrecen a los autónomos multitud de productos ligados a la pérdida del empleo o cierre de negocio, a los accidentes, la incapacidad temporal o permanente, la atención sanitaria así como otros muchos ligados a la jubilación, como planes de pensiones, fondos de inversión, united links, etc.

 En definitiva, la entrada del Estado en el ámbito de la previsión de los trabajadores autónomos, no está justificada, puesto que el Estado sólo ha de entrar ahí donde la iniciativa privada no llega, pues es menos eficiente a la hora de satisfacer las necesidades del individuo. Pero lo que ya es intolerable es que, además de invadir parcelas que no le son propias, lo haga por la vía de la obligatoriedad coactiva, expulsando a los agentes privados y no permitiéndoles competir con el Estado en el ofrecimiento de los servicios ahora estatalizados.

 Dado que la modificación se recoge en un Anteproyecto de Ley, aun estaríamos a tiempo de evitar la tropelía. Pero para ello sería necesario que las asociaciones de autónomos se dieran cuenta de la trascendencia del asunto, que las grandes compañías aseguradoras y financieras (aunque buenos están éstos últimos para levantar la voz contra el Gobierno) reaccionasen y que la oposición despertase. ¿Qué se apuestan a que nadie dice ni mú? Así que si Vd. está pensando en hacer autónomo, recuerde: hágalo antes del 1 de enero de 2013 o le saldrá muy caro.