El Gobierno sacará a licitación el 90,05% de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat por 3.700 millones de euros y de 1.600 millones de euros, respectivamente, por una concesión de 20 años más cinco adicionales. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de las dos sociedades concesionarias para iniciar la licitación de estos dos aeropuertos, proceso que comenzará el próximo 30 de julio y se prevé finalizar en la primavera de 2012. Las cantidades podrán ser mejoradas por los licitadores. El Gobierno ha aprobado también la entrada de capital privado en el 49% de la sociedad Aena Aeropuertos. Tanto el plazo de ejecución de estas colocaciones como los porcentajes definitivos dependerán de las condiciones del mercado.

El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo, que esta licitación "asegurará la gestión de los aeropuertos españoles" y "avanzar en la competitividad del sector aéreo e impulsar el turismo", teniendo en cuenta que tres de cada cuatro turistas llegan a España en avión.

Respecto a la venta de Aena Aeropuertos, Blanco afirmó que se realiza para "maximizar los ingresos" de la sociedad y señaló que el proceso será controlado por el Consejo Consultivo de Privatizaciones. Las futuras concesionarias de los dos principales aeropuertos españoles tendrán que abonar un pago inicial en el momento de iniciar la gestión y un canon anual, equivalente al 20% de la facturación, con una cantidad mínima garantizada. En 2012, se prevé que el canon anual de Barajas sea de 150 millones de euros y el de El Prat de 80 millones de euros.

CONTROL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

 Por otro lado, en el último trimestre de este año se crearán sendas sociedades que ejercerán funciones de vigilancia y control de las concesiones. En los consejos de esas sociedades estarán representadas las comunidades autónomas, los agentes económicos (cámaras de comercio) y los ayuntamientos, que ejercerán las labores de control. Al respecto, Blanco confirmó que los representantes de los gobiernos autonómicos tendrán "un papel determinante" en la gestión de las concesionarias, pero explicó que, en estos momentos, la constitución de estas sociedades y la fórmula de control está "en proceso de diálogo".

 Por su parte, Aena Aeropuertos mantendrá el 9,95% de la titularidad de los aeropuertos. Esta cifra ha quedado así configurada, para que en caso de suspensión de pagos el Estado sea el primero en cobrar su crédito al tener menos del 10% de participación, límite que establece la ley. Una misma empresa podrá optar por las concesiones de los dos aeropuertos.

Sin embargo, en la elección primarán los criterios de fomento de la competitividad, según fuentes gubernamentales. Las concesionarias subrogarán su posición de empleador con respecto a los trabajadores de la plantilla adscrita a cada aeropuerto y deberá respetar los acuerdos laborales adoptados por Aena Aeropuertos con los sindicatos. Además, el concesionario tendrá que presentar un plan de inversiones que garantice la gestión de las actividades del aeropuerto. Una parte de esas inversiones tendrán carácter obligatorio para continuar con la planificación ya prevista por Aena Aeropuertos..