Barberá ha presentado este escrito cinco días después de anunciar que pediría la baja como afiliada del PP, una vez que el Tribunal Supremo abrió causa contra ella por el 'caso Taula', el supuesto blanqueo de capitales por el PP en el Ayuntamiento de Valencia. De hecho, en el escrito Barberá precisa que así se lo ha pedido al PP este mismo lunes.

"Por la presente informa a la Mesa del Senado de que, en el día de hoy, he solicitiado la baja como militante del Partido Popular", ha especificado Barberá en el documento.

El Grupo Popular del Senado estaba a la espera de que la exalcaldesa diera el paso de integrarse en el Grupo Mixto y le concedió un tiempo prudencial antes de expulsarla.

De esta forma, Barberá podrá estrenar su nueva condición de senadora del Grupo Mixto en el primer Pleno de la legislatura, que está convocado para el próximo 27 de septiembre.

La exalcaldesa de Valencia compartirá escaño en las últimas filas del Hemiciclo con otros 16 senadores de diez partidos políticos diferentes: cuatro de Convergència, tres de Ciudadanos, dos de Compromís y uno, respectivamente, de UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, de Foro y de Bildu.

Todos ellos comparten una zona de despachos en el edificio de Grupos del Senado, se sientan en las últimas filas del hemiciclo y se reparten la representación en las comisiones, la presentación de iniciativas parlamentarias y los turnos de palabra en los plenos. También rota entre ellos el cargo de portavoz del grupo, que ahora ostenta Ciudadanos, en quince días pasará a ser de Compromís y sucesivamente, al resto.

Con respecto a las comisiones parlamentarias, el Grupo no tiene por qué nombrar a Barberá portavoz en ninguna de ellas, pero sí es obligatorio que la sitúe como vocal en alguna, según el Reglamento. El PP la había incluido ya en la Comisión Constitucional y en la de Economía, las mismas en las que ya estaba en la anterior legislatura.

Además, el cambio de grupo supondrá entre otras cosas que a la exalcaldesa le correspondan más ingresos. En concreto, ganará unos 2.300 euros más como consecuencia del reparto proporcional de la asignación que da el Senado al grupo para su funcionamiento. Sumado a su sueldo normal, ingresará casi 7.000 euros.

El presidente del Supremo defiende la

"independencia" de Conde-Pumpido,

instructor de la causa contra Barberá

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha defendido la "independencia" de Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y designado instructor en la causa abierta en el alto tribunal contra la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá por el 'caso Taula', el supuesto blanqueo de capitales por el PP en en ese ayuntamiento.

"El hecho de que un juez haya tenido otra responsabilidad en otro momento de su vida no afecta a su función como juez", ha explicado el también presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una entrevista a Radio Nacional de España recogida por Europa Press, donde el presidente del Supremo ha destacado la "imparcialidad" e "independencia radical" de los magistrados españoles. "Es uno de los valores para el ejercicio de esta profesión", ha asegurado.

De este modo, Lesmes ha respondido a las declaraciones de la exvicepresidenta del Congreso y diputada del PP, Celia Villalobos, que la semana pasada defendió la "honorabilidad" de Barberá, y aconsejaba a la actual senadora que dejara su escaño tras la designación de Conde-Pumpido, del que cuestionó su imparcialidad. "Teniendo al señor Conde Pumpido yo me iría rápida, me iría a toda leche", dijo Villalobos en el Congreso.

El presidente del Tribunal Supremo ha proclamado que los jueces "no reciben órdenes ni directrices" de ningún otro poder público y ha lamentado que el cuestionamiento de su independencia "hace daño a la imagen de la Justicia" ante los ciudadanos. "Nos perjudica como institución porque basamos nuestra actuación en la confianza, porque si no existe confianza, el sistema de justicia no sirve para nada", ha argumentado.

Del mismo modo, Lesmes ha afirmado que en España existe "cierto abuso" de los tribunales para dirimir asuntos políticos y ha criticado "el uso torticero" que, en su opinión, se realiza en ocasiones de la acusación popular. Sin embargo, se ha mostrado tolerante a las "críticas" a los magistrados, pero "desde el respeto institucional".

UNA JUSTICIA "LENTA"

Carlos Lesmes ha admitido que la justicia española "es mejorable en muchas cosas", particularmente en "eficacia" y "tiempos de respuesta", pero ha defendido de nuevo la honorabilidad de los jueces: "La justicia está servida por personas muy cualificadas, íntegras y decentes".

En este sentido, el presidente del Supremo señala la "infradotación" de la administración de la justicia, con una inversión "por debajo de la media de la Unión Europea", y el "déficit de organización" como las causas de la "lentitud" de los tribunales españoles. "La justicia lenta es menos justicia porque es una vulneración de derechos", según Lesmes, que ha acotado la responsabilidad de los jueces ante algunos problemas cuya resolución deriva a la esfera política.

"Hay quien traslada a los jueces la solución de problemas que están en la política, porque la justicia tiene unos corsés que no se pueden traspasar. Los jueces tienen una intervención, pero limitada, y a veces se pide a los jueces que resolvamos problemas que no podemos resolver", ha sentenciado.