El juez José Castro ha ofrecido a la Infanta Cristina y al resto de acusados del caso Nóos la posibilidad, "que no obligación", de que soliciten que les sea comunicada en persona la apertura de juicio oral contra ellos. Un trámite que, no obstante, el magistrado considera "absolutamente innecesario" y que generaría además "cuantiosos gastos en el despliegue de medidas de seguridad" y un efecto "dilatorio" de la causa.

   Así lo pone de manifiesto en una providencia dictada este lunes, después de que el exsecretario de Turismo de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, acusado en el caso Nóos, haya solicitado ser informado personalmente de las peticiones de pena formuladas por las distintas acusaciones, del auto de apertura de juicio oral y de los requerimientos de fianza a los que los inculpados deben hacer frente.

   En su resolución, Castro señala que se trata de un "debate" que "hubiera deseado evitar", al apuntar que los acusados cuentan en la causa con abogado y procurador a través de quienes ya les ha sido notificada la anterior documentación, por lo que subraya que no es "imprescindible" que esa información "les tenga que llegar por un doble conducto".

   De hecho, el juez considera "impensable" que los inculpados no estén informados de las peticiones de condena a las que se enfrentan ante la "trascendencia mediática" del caso, al tiempo que señala que la notificación en persona "sometería a las personas afectadas a nuevos seguimientos mediáticos y supondría un efecto dilatorio importante" en el plazo para la presentación de sus escritos de defensa, que prevé finalizar a finales de este mes.

   En cualquier caso, ante la hipótesis de que los acusados se vieran afectados por una situación de indefensión y debido a ello se diera la posibilidad de que soliciten la nulidad del caso, Castro les ofrece la opción de que requieran ser informados en persona de las últimas notificaciones, al objeto además de "conjurar hasta sus últimos extremos" esa posible indefensión.

   Una vez concluya el plazo para la presentación de los escritos de defensa, Castro remitirá a la Audiencia Provincial de Baleares toda la causa, que acumula más de 60 tomos, para su futuro enjuiciamiento, que previsiblemente tendrá lugar a finales de este año. De este modo, el caso entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad -establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de acusados-, del que dependerá que el caso sea juzgado por el tribunal de la Sección Primera o de la Segunda.

   Tras ello será fijada la fecha para la celebración de la vista, cuyos interrogatorios estarán centrados principalmente en cómo operaban las empresas que conformaban el entramado de desvío de fondos públicos por el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.

   Entre los testigos propuestos para el juicio se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, y el asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero.