"No hay nada peor que convocar manifestaciones de protesta ante la actuación judicial, nada peor que manifestarse ante las sedes de los tribunales queriendo condicionar y obligar a los jueces a hacer o dejar de hacer algo", ha valorado en declaraciones a los medios antes de inaugurar un congreso convocado por colegios de procuradores en Barcelona.

Ha cargado contra Òmnium y partidos independentistas por criticar que no hay separación de poderes en España y después intentar coaccionar al poder judicial: "Si algún problema tenemos de independencia en España es cuando alguien pretende coaccionar, manifestarse o decirle a los jueces lo que tienen que hacer".

"Nadie puede considerar que la actuación de los juzgados, de los jueces independientes y de las fuerzas de seguridad por mandato de un juez pueda atentar contra ningún derecho o garantía", ha argumentado.

Ha defendido que los registros efectuados por la Guardia Civil son en "auxilio de las autoridades judiciales" y ha pedido transmitir a la opinión pública el buen funcionamiento de las instituciones, que la justicia es independiente y las fuerzas de seguridad cumplen su misión de garantizar la seguridad ciudadana.

Ha insistido en que los jueces, fiscales y cuerpos de seguridad defienden los derechos de la ciudadanía con transparencia y cumpliendo la ley, lo que asegura "las garantías y derechos de todos".

OBLIGACIÓN DE COLABORAR

El ministro ha hecho alusión, sin citarlos directamente, al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como a otros políticos independentistas en Bélgica, Reino Unido y Suiza que no han comparecido ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena: "Si alguien está inmerso en un proceso de investigación, su obligación es colaborar, aclarar las hipotéticas acusaciones".

Según el ministro, todos los ciudadanos y especialmente los responsables públicos tienen "la obligación de colaborar con las instituciones y con la justicia y transmitir a la ciudadanía que cuando la justicia actúa es en garantía de los derechos de todos", ya que los tribunales y las fuerzas de seguridad garantizan el Estado de Derecho cada día.

Ha lamentado que se hayan producido "demasiados episodios profundamente antidemocráticos" en los que políticos creen que no tienen que comparecer ante la justicia o se consideran víctimas porque son objeto de investigación judicial, en sus palabras.

Para Catalá, que Puigdemont no comparezca ante la justicia es un "ejercicio de irresponsabilidad grave" porque cualquier persona que es llamada ante un tribunal tiene la obligación de hacerlo.

No ha querido valorar las medidas que estudia la Fiscalía ante el anuncio de Puigdemont de que viajará a Suiza este domingo, como una posible detención o restringir el pasaporte, porque son decisiones que "corresponden a los tribunales".

NEGOCIACIÓN CON JUECES Y FISCALES

Sobre las negociaciones con jueces y fiscales tras anunciar una posible huelga el 22 mayo, Catalá ha asegurado que la voluntad de su Ministerio es alcanzar acuerdos para una justicia mejor y que mantienen una línea de diálogo para llegar a acuerdos "satisfactorios y posibles".

Ha asegurado que desde el Ministerio negocian con las asociaciones de jueces y fiscales, que han planteado un documento de 14 puntos que se está analizando, por lo que confía que, con la voluntad negociadora de las partes, no sea necesario llegar a la huelga.

Catalá ha inaugurado el I Congreso sobre Economía y Justicia organizado por el Consejo General de Procuradores de España, el Colegio de Procuradores de Barcelona y el Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña.