El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respaldado este miércoles la decisión del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de perseguir penalmente la compra de urnas en Cataluña para el referéndum del 1 de octubre. "La Justicia es lenta pero cierta, segura y acaba dictando resoluciones y condenando a quien incumple las leyes", ha avisado.

En declaraciones a la prensa en los Cursos de Verano de El Escorial, Catalá ha respaldado al fiscal general en su anuncio de perseguir penalmente la compra de urnas tanto si se hace de forma pública como si es de manera encubierta, porque a su juicio constituiría un delito de malversación. El ministro también ha recordado que el Tribunal Constitucional ya puso de manifiesto que cualquier acto preparatorio o encaminado a la celebración de un referéndum es ilegal.

Según Catalá, el Ministerio Público tiene "mucha razón" porque su pronunciamiento es "fruto de un análisis jurídico". "Es lógico que la Fiscalía promueva una actuación penal en contra de esos hechos porque esta institución tiene como mandado constitucional defender la legalidad y el interés general si se comete algún acto delictivo", ha señalado.

Por otro lado, preguntado por qué puede hacer el Tribunal Constitucional como ejecutor --en relación a la reforma que aprobó el Partido Popular "para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho"-- si finalmente se produce el referéndum del 1-O,

El ministro de Justicia ha defendido la reforma impulsada por el PP para reforzar la capacidad del Tribunal Constitucional para hacer que se ejecuten sus resoluciones. Tras esta reforma, ha indicado, cuenta con competencias para "hacer ejecutivas sus resoluciones, notificar personalmente, imponer sanciones pecuniarias y solicitar la ejecución por parte de un tercero de manera alternativa".

En este sentido, Rafael Catalá ha señalado que "fruto de los hechos que se sucedieron el 9-N" ha habido procesos penales, se están iniciando procesos ante el Tribunal de Cuentas y se han dictado sentencias y que, por tanto, "sí que pasan cosas cuando se incumplen las leyes". "La justicia es lenta, pero es cierta, segura y acaba dictando resoluciones y condenando a quien incumple las leyes", ha añadido.

Catalá ha rechazado que el artículo 155 de la Constitución sea el único mecanismo para evitar que los Mossos d'Esquadra participen en el referéndum, cumpliendo con el mandato de la Generalitat. Según el ministro, el Estado de Derecho tiene "muchos instrumentos" para garantizar que en España se cumpla la ley.

"Cuando un gobierno radical abandona el interés general y se dedica a defender solamente el interés de unos pocos y promover conflictos, desatiende su objetivo y es, por lo tanto, donde surge con toda su fuerza la democracia y el Estado de Derecho", ha concluido.

El Parlamento catalán votará la semana que

viene si Puigdemont debe convocar

elecciones anticipadas

El pleno del Parlamento catalán votará la próxima semana una moción de Cs que insta al presidente de la generalitat, Carles Puigdemont, a convocar elecciones anticipadas.

En la moción recogida por Europa Press se pide la convocatoria de elecciones atendiendo al "fracaso en la consecución de los objetivos independentistas" de Puigdemont.

En concreto, refieren al programa con el que JxSí se presentó a las elecciones catalanas del 27S de 2015 en el que se comprometían a declarar la independencia en 18 meses, que se cumplieron la semana pasada.

También pide elecciones porque en esta legislatura la orientación del Gobierno ha estado "dominada hacia un referéndum ilegal que no se podrá celebrar" y no hacia los auténticos problemas del día a día de los catalanes.

CRISIS DEL GOBIERNO CATALÁN

El texto esgrime como motivo del avance electoral la crisis de Govern que ha provocado el cese de cuatro consellers: "Una señal inequívoca de descomposición de un Govern carente de liderazgo".

"El parlamento de Cataluña insta al presidente de la Generalitat a convocar de manera inmediata elecciones autonómicas al Parlamento", exigen en su moción.

La potestad de convocar elecciones es exclusiva del presidente de la Generalitat, aunque en los últimos días sobre el Congreso y el Parlamento ha sobrevolado la idea de que sea el Gobierno central quien asuma la competencia de convocar los comicios, ante la intención del Ejecutivo catalán de celebrar un referéndum el 1-O.

De hecho, el martes, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, se abrió a la posibilidad que desde Moncloa se forzaran los comicios en Cataluña: "Espero y deseo que no pase. Yo haré todo lo posible para que no pase, pero la ley lo permite y no podemos descartar nada que la ley permita hacer".