En declaraciones a los medios antes de clausurar las VII Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados, en Granada, el ministro de Justicia ha indicado que el Gobierno estará "a la propuesta que en su día lleve el fiscal general del Estado", José Manuel Maza, para cubrir la vacante de Manuel Moix al frente de Anticorrupción, la cual ha dicho estar "seguro" de que estará "llena de razón y en favor de "una persona que tenga todos los requisitos para ejercer bien su labor".

El Gobierno "nombra a los fiscales que le propone el fiscal general del Estado", ha indicado Catalá que, preguntado por el perfil que debe de tener el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, ha indicado que los requisitos están recogidos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Los que opten al cargo habrán de ser "fiscales de carrera evidentemente, con veinte o treinta años de experiencia" y que, "como es obvio y evidente", hayan "acreditado un buen conocimiento de su profesión a lo largo de estos años".

Una vez que se cumpla con el correspondiente proceso, será "el propio fiscal general del Estado, asistido por el Consejo Fiscal, el que proponga al Gobierno el que considere más adecuado".

Sobre las últimas polémicas respecto del ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, Rafael Catalá ha aseverado que "no es ético que ni jueces ni políticos ni ningún responsable público" tengan cuentas en paraísos fiscales, al igual que ningún ciudadano español, pues "somos todos contribuyentes" y no hay que "eludir" las obligaciones con la hacienda pública.

En cualquier caso, Moix tenía una "sociedad no opaca" que había heredado "de sus padres, declarada ante la Hacienda española, y que tributaba todos sus impuestos", ha apuntado Catalá, que ha agregado que el Consejo de Ministros ha aprobado el "cese a petición propia" del ya ex fiscal jefe Anticorrupción y ha recordado que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "puso de manifiesto que él consideraba que no había ninguna censura profesional, legal ni en materia de incompatibilidades para el señor Moix".

Una treintena de abogados planta al ministro

Catalá en protesta por el plan del CGPJ

sobre cláusulas suelo

Una treintena de letrados, en representación de varios órganos colegiados, ha abandonado el salón del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, en el que se ha celebrado la clausura del VII Encuentro de Juntas de Gobierno de Colegios de Abogados, para poner de manifiesto su postura contra el plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre cláusulas suelo, cuando ha iniciado su interlocución el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha llamado al diálogo y ha asegurado entender la "reivindicación e impugnación" de la Abogacía al este plan del CGPJ sobre cláusulas suelo, incidiendo en que, en el plan del Poder Judicial, se introducirán "tantas adaptaciones, tantas modificaciones, como sean necesarias, para garantizar, por supuesto, una buena atención a las demandas de los ciudadanos" con "unos juzgados competentes en esta materia" que atiendan "en tiempos razonables".

"Entiendo perfectamente cuál es el problema profesional que está detrás de esta cuestión", ha afirmado. En este sentido, explicó que el Ministerio hizo alegaciones a la propuesta del Poder Judicial, "porque la realidad demográfica de España es muy diversa y las soluciones no pueden ser uniformes y deben estar presididas por la flexibilidad y adaptarse a las necesidades que fueran surgiendo".

Los más de 800 representantes de los 83 Colegios de Abogados y Consejos de España han despedido esta tarde el VII Encuentro de Juntas de Gobierno, que se ha desarrollado en Granada del 31 de mayo al 2 de junio, con un acto de clausura en el que han participado también la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega; y el decano del Colegio de Abogados de Granada.

Durante estos dos días se ha analizado en las VII Jornadas de Juntas de Gobierno el papel de la Abogacía ante la defensa de los intereses propios y de la ciudadanía; los retos de la ciberseguridad y de la protección de datos; la inteligencia artificial; el futuro de la Abogacía, los nuevos nichos de trabajo, o la financiación de servicios y competencias de los Colegios de Abogados.

Como novedad en este encuentro, se han presentado nueve talleres de Buenas Prácticas que llevan a cabo los Colegios de Abogados en asuntos de tanta relevancia como los servicios a colegiados y ciudadanía; la innovación, gestión y organización; la formación; el Turno de Oficio; la deontología; la comunicación y marca abogado; la mediación y el arbitraje, los derechos humanos y la conciliación. En la iniciativa se presentaron un total de 150 de los que fueron seleccionados 68 para ser expuestos en las jornadas, ideas que han sido votadas por los asistentes a cada taller y han recibido sus premios --junto al elegido por el global de los congresistas-- en el acto de clausura.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada ha calificado el encuentro como "muy positivo tanto en organización, como en contenidos y participación", convirtiéndose en la edición más participativa de toda la historia del encuentro nacional, "a pesar de que aún no es posible llegar a Granada en AVE". En este sentido, el representante de la Abogacía granadina ha destacado que, además de las ponencias, los talleres de Buenas Prácticas "han sido una novedosa y exitosa iniciativa que seguro que el Consejo vuelve a poner en práctica en otros congresos, ya que ha permitido que sean los propios Colegios los que compartan con los compañeros sus mejores ideas y propuestas".

La presidenta de la Abogacía ha afirmado durante la clausura que las buenas prácticas en la Abogacía no son solo un lema, sino la expresión de un compromiso. "La mejor manera de avanzar, de innovar, de contribuir al desarrollo de la sociedad es compartir las mejores ideas, las buenas prácticas para reforzar un sistema centrado en las personas y en la defensa de sus derechos", ha apuntado. Ortega ha asegurado que "una buena práctica, sin duda la mejor, la que las engloba a todas y marca el camino por el que debemos transitar es alcanzar un Pacto de Estado que configure un modelo de Administración de Justicia que merezca tal nombre dentro de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho" y pidió que se tengan en cuenta las propuestas de la Abogacía que se expondrán en su comparecencia del próximo día 7 ante Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia.

La presidenta del CGAE ha expresado su confianza en que se alcance un pacto de estado que deje atrás para siempre la idea tan extendida entre los ciudadanos, "y tan nociva, de que los gobiernos, sean del signo que sean, muestren más interés por controlar la justicia que por mejorarla".

También reiteró ante el ministro la oposición unánime de la Abogacía al Plan del Consejo General del Poder Judicial sobre los juzgados únicos para cláusulas suelo y el acuerdo unánime del Pleno de la Abogacía para presentar un recurso contencioso administrativo contra el mismo. No obstante, también fue unánime "la decisión de trabajar para encontrar una solución que evite a tantas personas afectadas un perjuicio añadido".