Manuel Chaves, el que fuera presidente de la Junta entre los año 1990 y 2009, ha asegurado este lunes que durante su etapa al frente del Gobierno andaluz conocía que la Junta concedía ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por las crisis pero "no cómo" se daban o su gestión, al tiempo que ha subrayado que cualquier ayuda que se otorgaba "estaba en la ley y eran legales". "Difícilmente puedo pensar que en la Consejería de Empleo o de Educación se pudiera establecer un procedimiento --de concesión de ayudas-- conscientemente ilegal o para vulnerar la ley", ha manifestado.

La declaración del expresidente de la Junta como investigado en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares ha comenzado minutos después de las 10,15 horas de este lunes, respondiendo a preguntas del representante del Ministerio Fiscal Juan Enrique Egocheaga.

Chaves, que se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación por parte del Ministerio Fiscal, ha apuntado que ha conocido en la causa las órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 sobre ayudas previas a la jubilación y extraordinarias a trabajadores, firmadas por el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñán.

El expresidente de la Junta, doctor en Derecho, ha ratificado su declaración en 2015 ante el Tribunal Supremo y ha explicado que, ante las importantes crisis de empresas con repercusión política y social como Delphi o Santana, de las que se hablaba en el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo andaluz trabajaba en dos líneas, salvar a la empresa y proteger a los trabajadores.

Ha admitido que se ha reunido con comités de empresas o sindicatos, un acto de "normalidad democrática", estableciendo en éstas que se procediera a la creación de una mesa de negociación para llevar a cabo un plan industrial, que podía contener ayudas sociolaborales.

"NO CORRESPONDÍA A MI ÁMBITO POLÍTICO DE DECISIÓN"

Si el plan fallaba, "había normas" para establecer y conceder ayudas a los trabajadores. "Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales, de la misma manera que se daban becas. ¿Cómo se daban?. No lo sabía, pues no correspondía a mi ámbito político de decisión", ha expresado.

Chaves ha indicado que conoció las transferencias de financiación --instrumento utilizado para allegar fondos de la partida 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para pagar las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo, siendo ministro y que éstas no se debatían en el Consejo de Gobierno de la Junta, que en la elaboración del presupuesto trabajaba con una media de 140 programas y miles de aplicaciones, por lo que no podía conocer todos los programas presupuestarios.

Precisamente sobre éstas, ha afirmado que se ha debatido en la causa si las transferencias de financiación eran o no adecuadas, cuestión que "no sé", precisando que "están en la ley". Al hilo de esto, ha explicado que éstas se recogían en la Ley de Presupuestos de cada año que aprobaba el Parlamento, aseverando posteriormente que "una ley no puede ser legal".

"NO CONOCÍA EL PROGRAMA 31L"

Chaves, al igual que el expresidente José Antonio Griñán en su declaración, ha admitido que no conocía el programa 31L, con el que pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas, sólo que pertenecía a la Consejería de Empleo. Del mismo modo, tampoco conoció ni fue informado el convenio marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que la primera, vía transferencia de financiación, allegaba fondos al ente instrumental con cargo a la 31L para el pago de las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo.

Ha declarado que en el Consejo de Gobierno "no se discutieron nunca" las modificaciones presupuestarias, que sí pasaban a la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento, recordando a este respecto que desde la Cámara de Cuentas, en la cuenta general de la Junta, "no hubo nunca un reproche" a su uso. Para que llegaran al Consejo de Gobierno tenían que contar con todos los informes preceptivos.

Chaves ha explicado que su labor como presidente en la elaboración del presupuesto estaba centrada en dirigir el debate y sobre la globalidad del mismo, exponiendo al respecto el propio expresidente un folio con un cuadro en el que se recogían los capítulos, las consejerías y las cifras finales. "Programas, partidas y aplicaciones no eran conocidos por el Consejo de Gobierno", ha aclarado.

"NO HE VISTO SÍNTOMA DE ALERTA"

Preguntado por las diferencias entre la fiscalización previa y el Control Financiero Permanente, el expresidente ha explicado que la fiscalización "no es de primera división" y el control "de segunda", sino que "una es tan importante como la otra".

Sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno del Control Financiero Permanente, Chaves ha asegurado que aprobaban la propuesta de la Intervención General de la Junta, no recordando que se planteara nunca una modificación al respecto, señalando que nunca se leyó las memorias que se adjuntaban a la misma y en las que basaba la propuesta tras el análisis del ejercicio anterior.

Chaves, que ha indicado que las ha leído con posterioridad, ha señalado que "no he visto síntoma de alerta o alarma" en éstas. "Nadie se oponía al acuerdo" sobre el Control Financiero Permanente, que era el "arma o instrumento" de la Intervención General para el control de las empresas públicas.

Ha manifestado que no conoce ni le dieron traslado del informe adicional de la Intervención General del año 2005 al informe de cumplimiento de 2003 sobre las cuentas del IFA, en el que se alertaba del uso "inadecuado" del procedimiento usado para el pago de las ayudas.

"Me cuesta creer que intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento ilegal o para burlar la ley", ha vuelto a manifestar Chaves tras ser preguntado por este informe adicional.

Chaves, que ha manifestado insistentemente que nunca ha despacho con ningún director general o delegado provincial, "sólo con consejeros", ha declarado desconocer que desde la Consejería de Empleo se contratara los servicios de despachos de abogados externos para diferentes cuestiones relacionadas con las ayudas. "De haberlo conocido, me hubiera opuesto", ha afirmado.

CHAVES Y GRIÑÁN, DIFERENTES RESPUESTAS

Tras más de dos horas y medias de interrogatorio por parte del fiscal, Chaves ha respondido a las preguntas de su abogado, Pablo Jiménez de Parga, y del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, quien, al igual que a Griñán, le ha preguntado, sobre las respuestas dadas en instrucción y en el juicio por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, por el conocimiento del Consejo de Gobierno y del presidente de la Junta del programa 31L a través de las modificaciones presupuestarias.

"El Consejo de Gobierno no conocía ni debatía las modificaciones presupuestarias ni las transferencias de financiación", ha asegurado Chaves, a diferencia de lo que afirmó Griñán en su declaración, que reconoció que este órgano "conoce que el crédito presupuestado transfiere fondos del 31L a IFA/IDEA, que paga las ayudas que previamente concede la Consejería de Empleo", pero advirtió de que no "conocen la gestión del programa 31L".

Tras Chaves, el último ex alto cargo en declarar este martes será Juan Francisco Sánchez García, ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo, de Innovación y exdirector de finanzas de IDEA.