Cientos de personas se han manifestado este sábado en las localidades libias de Trípoli, Benghazi y Beida en protesta contra la decisión del Consejo General Nacional (CGN) de extender su mandato durante un año más, hasta el 24 de diciembre de 2014, a pesar de que en un principio sus funciones iban a llegar a su fin cuatro meses después de su establecimiento en julio de 2012.

   En Trípoli y Benghazi muchos de los manifestantes han salido a las calles con escobas para representar su petición de "barrer" CGN, según ha informado el diario The Libya Herald.

   No existe un acuerdo general sobre la interpretación que se ha de hacer sobre el marco temporal de autoridad del organismo estipulado por la Declaración Consitucional de Transición (DCT).

   La postura que defiende la extensión argumenta que no debe existir una fecha límite para las actividades del CGN y que éste debe seguir vigente hasta que finalice sus tareas con el objetivo de evitar un vacío de poder.

   Sin embargo, sus opositores defienden que el organismo es interino y que no tiene los poderes de un Parlamento electo, por lo que, en caso de tener que extender su mandato, ha de buscar el apoyo popular a la decisión a través de un referéndum.

   Tras la aprobación de la extensión, el congresista de Benghazi Ahmed Langhi detalló que el organismo ha aprobado una hoja de ruta para determinar sus funciones durante este nuevo periodo, entre las que estará la redacción de una ley que regule los referéndum y la supervisión de la reforma de la Comisión Electoral.

   Asimismo, indicó que la nueva Constitución será sometida a referéndum en agosto del año que viene, al tiempo que ha detallado que, en caso de que no sea respaldada por al menos dos tercios de los votantes, volverá a ser redactada.

   Libia vive una gran inestabilidad desde la caída del Gobierno de Muamar Gadafi, el 20 de octubre de 2011, debido, sobre todo, a la negativa de las milicias que ayudaron a derrocarle a entregar las armas y unirse a las fuerzas regulares.

   Las milicias que continúan activas han logrado detener en los últimos meses las exportaciones de petróleo, dejando al Gobierno sin su principal fuente de ingresos y haciendo aumentar el temor de que el país se sume en el caos.

   Para hacer frente a esta situación, el nuevo Gobierno ha reconocido a algunas milicias --uniéndolas en la brigada Escudo de Libia y poniéndolas bajo la supervisión de los ministerios de Interior y Defensa--, pero otras siguen al margen de su autoridad.

   En este sentido, el Ejecutivo anunció que dejará de pagar a los grupos rebeldes que participaron en la revolución contra Gadafi a partir del 31 de diciembre a menos que se integren en las fuerzas de seguridad del país.

   A principios de noviembre, Zeidan advirtió de la posibilidad de una intervención militar extranjera en caso de que no se ponga fin al caos existente en el país, según informó la emisora Radio France Internationale.

   "La comunidad internacional no puede tolerar un estado, en pleno Mediterráneo, que es fuente de violencia, terrorismo y asesinatos", sostuvo, antes de citar como ejemplo lo ocurrido en Irak. Libia continúa bajo una resolución del Capítulo VII de Naciones Unidas, que permite una intervención internacional para proteger a la población civil.