El reciente proyecto de ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOCG. SENADO, X LEGISLATURA, nº 114 de 2 de noviembre de 2.012, página69), no sólo es inconstitucional por atentar contra los artículos 14 y 24 de nuestra Constitución, sino que es la muestra de la ambición y desajuste mental de nuestro Ministrin de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón para más señas.

 Este individuo, abandera la implantación de una ley para obligarnos a pagar unas tasas cuando se litigue ante la jurisdicción civil, contencioso-administrativa y social. Esta tasa estatal, no es incompatible con las demás tasas que puedan exigir las C.C.A.A., eso si, no podrán gravar los mismos hechos imponibles.

Con la complicidad de los medios de comunicación, del Decano del Colegio de Madrid, quien debería ser cabeza de pelotón en esta lucha, movilizando a todos sus colegiados, y ¡cómo no!, del Ilustre Colegio de Oviedo, que dedicado a congresos científicos y menesteres más “importantes” que difundir la gravedad de los hechos que se avecinan, se ha limitado a publicar en la web colegial la nota de prensa con la débil “repulsa” del Sr. Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, y su adhesión a la misma, cuando debería estar movilizando a todo el censo colegial de acuerdo con el Colegio de Gijón y coordinándose con los Colegios españoles que si están teniendo las agallas de plantar cara al Ministrin, como los de Vigo, León, Orense y Huesca.

 Y Vd. ciudadano de a pie, se preguntará cómo le afectan las tasas. Pues bien, para empezar, la interposición de una demanda declarativa o ejecutiva, la reconvención y la petición inicial del proceso monitorio (atentas, comunidades de propietarios) conlleva tasas desde los 100 a los 350 € de tasa, dependiendo del tipo de procedimiento y de si hablamos de un pleito civil, contencioso o social. Además, si le demandan o quiere oponerse a una ejecución de título judicial (atentos padres separados o divorciados), también tendrá que pagar tasa fija. Si además tiene que recurrir, ya hablamos de un mínimo de 800 € para una apelación y 1.200 € para acudir al Supremo. En el orden social (atentos trabajadores que reclamen) de 500 € en suplicación y 750 € en casación. Pero es que no termina aquí la cosa. No, el Ministrin, consciente de que los SUMISOS ESPAÑOLES pueden dar más de sí, impone además una tasa variable EN FUNCIÓN DE LA CUANTÍA DEL PLEITO, de un 0,5% en pleitos hasta 1.000.000 € y de 0,25 € en pleitos superiores al millón.

 Las PYMES, tendrán un importe reducido y existen unas patéticas exenciones a las que podrán acogerse pocas personas. Las motos que nos venden son: a) Que lo recaudado servirá para sufragar la justicia gratuita (permítanme una risotada enorme), cuando todo apunta a que, previsiblemente, modificarán la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para limitarla y dar a los grandes despachos la gestión y defensa de los turnos; b) Que agilizará la justicia cuando las genialidades últimas implantadas, como la oficina judicial, son un completo desastre y lo que se necesitan son otro tipo de programas QUE FUNCIONEN y un mayor control de las salidas del personal; y, b) Que están exentos quienes tengan reconocida la Asistencia Jurídica Gratuita, es decir, aquellos sueldos inferiores a 1.100 € mensuales. Es decir, que la gran mayoría de los españoles, Vd., Vd. y Vd., o disponen de medios para afrontar esas tasas tanto si demandan como si son demandados o se aguantan con lo que les caiga sin poder defenderse.

 Por poner un ejemplo práctico que se entienda bien, imagine que su vecino le ha causado daños en su casa por importe de 7.500 €. Pues bien, si Vd. quiere reclamar esa cantidad al vecino, para interponer la demanda de juicio ordinario en reconocimiento de la existencia de daños y reclamación de la cuantía de los mismos, tendrá los siguientes gastos: A. Abogado; B. Procurador; C. Pericial; D. Tasas Gallardón. La cuantía de las tasas será la siguiente: Por la tasa fija 300 € y por la variable al 0,5% de la cuantía reclamada 37,5 € mas. De entrada, 337,50 € que se lleva el Estado porque él lo vale. Pero además, contando con que el pleito se desarrolle sin irregularidades o majaderías que no le obliguen a recurrir en el transcurso del mismo, llega la hora de recibir la sentencia y resulta que le es desfavorable. Pues bien, si recurre en apelación, deberá pagar de tasa fija 800 € y además, el 0,5% de la tasa variable, es decir, otros 37,5 €, lo que suma ya otros 837,50 € sólo de la apelación, además de honorarios de abogado y procurador. Pero si resulta que nuestra Audiencia Provincial tampoco se muestra proclive a darle a Vd. la razón o existe alguna infracción procesal y decide irse a Madrid en casación, además de abogado y procurador, pagará una tasa fija de 1.200 € mas otros 37,5 € por la tasa variable. ¿En cuánto se pone el pleito sólo en tasas judiciales? Sumemos 337,50 € mas 837,50 € mas 1.237,50 €, en total 2.412,50 € para reclamar 7.500 € sólo en tasas. Tasas que naturalmente, no podrán pagarse a plazos pues su pago es condición necesaria y obligada para interponer la demanda y/o recurrir.

 Pero si le demandan y Vd. reconviene, es decir, demanda al demandante, pues la misma historia. Que no les vendan motos señores, esto sólo trata de impedir que se acceda a los Tribunales, no para propiciar acuerdos sino para que la casta política, sus amigos y sus jueces afines, hagan y deshagan a su antojo sin que los ciudadanos de a pie puedan rechistar. No todos los jueces y Fiscales están de acuerdo, algunos han tenido la valentía de posicionarse contra las tasas y a favor del Estado de Derecho. No todos los Colegios de Abogados y Procuradores se están movilizando pese a que las tasas se van a aprobar pronto. Es una vergüenza pero algunos aprovecharan la coyuntura para favorecer a los despachos grandes en perjuicio de los más modestos aunque no por ello, menos importantes para la defensa del ciudadano. Movilícense, dejen oír claro y alto su voz, si callan, mañana ya no podrán pronunciarse porque las tasas se habrán implantado el próximo día 21 y quien no tenga capacidad económica, no tendrá derechos porque no habrá opción a defenderlos.

Las tasas judiciales son inconstitucionales porque vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva con indefensión (artículo 24 C.E.) y además, vulneran el derecho a la igualdad de todo ciudadano con indefensión, porque la gran mayoría seremos discriminados por razón de nuestro poder adquisitivo. Si el Tribunal Constitucional se pronuncia a favor de las tasas, como ciudadana pido que desaparezca.

 ¡¡Váyase Ministrin, váyase!!

 Nuria Mª Martínez-Viademonte G. (Abogado)

Los interesados en colaborar con el movimiento contra las tasas, pueden mandar carta a la Defensora del Pueblo y pueden contactar conmigo en: contralastasas@gmail.com o con la Profesora de Derecho Civil de la U.N.E.D. y Abogada, doña Verónica del Carpio Fiestas, a través de su blog: http://veronicadelcarpio.wordpress.com/; o sumarse en facebook a No a la justicia para ricos.