El Presidente de la Unión Autonómica de Asturias de CSIF,  Lucas Alvarez Compareció ante esta Comisión de Hacienda y Sector Público con ocasión de la tramitación de los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Principado y de Medidas Administrativas y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos, agradeciendo que se nos haya dado esta posibilidad, junto al resto de organizaciones sindicales representativas en la Administración del Principado. 

 Carro manifestó su preocupación por las consecuencias que estos presupuestos  traerán sobre quienes prestan esos servicios de manera directa: funcionarios, estatutarios y personal laboral pertenecientes a la administración del Principado de Asturias y defendió la salvaguarda de los servicios públicos y las condiciones sociolaborales, claramente a la baja, de los empleados públicos (sueldos, jornada laboral, sustituciones, reposición, etc.) criticando la eliminación de ayudas por hijos con gran minusvalía a funcionarios mileuristas, que los hay.

 Recordemos que si se mantiene la ayuda para acción social al personal laboral ha sido por mandato judicial y que el funcionariado y el personal estatutario ha sido privado de ella.

  Ante la alusión a la situación dura económicamente y de duración desconocida, aducida en el mismo proyecto de presupuestos, que llega a hablar de  augurios de una nueva recesión Carro reconoció que son momentos de austeridad  para todos pero que especialmente deben apretarse el cinturón quienes más ancho lo tienen.  

 El Presidente de CSIF Lamentó la equiparación que se da de déficit público con servicio y empleo públicos, algo que CSIF interpreta por un lado como incapacidad para resolver una situación y por otro como estrategia para extender una cortina de humo y derivar la solución e incluso atribuir la causa de todos los males a los empleados públicos. Demandó de las administraciones una defensa y reconocimiento de su personal.

  Si a los gastos nos referimos, debemos hablar de multitud de partidas a las que debe hacerse frente. Partidas que no todas tienen la misma importancia, van desde las imprescindibles y básicas a las claramente eliminables, sin que por ello se resintiera la calidad del servicio; podría incluso implicar mejora.

   Sin generalizar, CSIF denunció los abusos, los excesos de muchas empresas públicas, considerando que algunas son de dudosa justificación, sobre todo en una situación de crisis económica como la que estamos atravesando y cuya eliminación evitaría males como los siguientes: ·        

favorecer el endeudamiento autonómico, ·     

    generar gastos que poco tienen que ver con los Servicios Públicos que reciben los ciudadanos, ni con los Empleados Públicos. ·    

     escapar a controles por los que sí pasa la administración. · 

        favorecer la existencia de Consejos de Administración cuyos directivos han sido nombrados a dedo por los responsables políticos. ·      

   entrar en competencia con las empresas de capital privado. ·

         servir para externalizar servicios públicos. ·     

    montar administraciones paralelas. ·     

    dotarse de personal cuya selección elude las formas de provisión transparentes de la administración.

Reconoció como positivas las decisiones del cierre de las Delegaciones del Principado de Asturias en Madrid y Bruselas o el recorte en puestos intermedios de la administración, pero muy tímidas, pues el número empresas públicas, organismos y entes públicos no ha variado desde hace años. CSIF manifiestó ante la Comisión su oposición a la nueva congelación salarial, que conlleva mayor pérdida de poder adquisitivo.  

A diferencia del año pasado, en que se incrementaban los gastos para la Televisión Autonómica del Principado a la vez que se recortaban en Sanidad y Educación,  ahora se propone lo contrario, con subidas en Sanidad del 6,7 % y de en torno al 1,9 % en Educación. Éstas, como el ligero incremento en el ERA –Residencias de ancianos- sí son propuestas que gustan a mi sindicato.  

Cuestionó los 106 cargos eventuales que existen en la actualidad, la mitad de ellos asignados a la Junta General, si nos fijamos, son más puestos eventuales que diputados elegidos; la elección, designación y cometidos son conocidos de forma precisa por quienes constituyen esta comisión. Y esto le supone a los presupuestos, salvo error en el cálculo, casi cuatro millones cuatrocientos mil euros.

  En cuanto a la modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública, CSIF dijo que una ley con más de veintiséis años de vigencia, que ha sido testigo de grandes modificaciones en la administración del Principado que ha quintuplicado sus efectivos, con la asunción de transferencias de Sanidad, Educación y Justicia y que debe adecuarse a lo establecido en el EBEP, lo que está pidiendo a gritos es su sustitución por una nueva ley de función pública que evitaría esta dispersión legal y daría mayor seguridad jurídica.  

Reiteró Lucas Alvarez, que no se puede intentar reducir el déficit público recortando servicios públicos, ya que en las situaciones  de crisis económica  es cuando los servicios públicos, universales y gratuitos, son más necesarios. La defensa de los Empleados Públicos y de los Servicios Públicos es la defensa de los ciudadanos y del Estado del bienestar.