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En su relato, reflejado en el auto por el que el juez del Supremo Pablo Llarena rechaza la excarcelación del exconsejero del Interior Joaquim Forn, el coronel y alto cargo del Ministerio del Interior reveló que fue informado de que se dispusieron patrullas de la policía catalana para vigilar los movimientos y la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Esto dio lugar a que "en muchos de los centros de votación a los que acudieron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, estaban ya prevenidos de su llegada". También aludió a la "inhibición" de los mossos en aquellos centros de votación que cerraron al mediodía del 1 de octubre para que los integrantes de la mesa pudieran comer, "sin que los agentes hicieran nada para requisar el material ni para impedir la reapertura del centro en las horas de la tarde".

La tesis de Pérez de los Cobos es que el entonces consejero de Interior Joaquín Forn ejerció su "poder político" con el fin de "aprovechar el dominio orgánico y funcional sobre el cuerpo de agentes para conducir las actuaciones policiales al éxito del referéndum del que dependía la declaración de independencia, en vez de al cumplimiento de las muchas resoluciones judiciales que se dictaron para salvaguardar el orden constitucional y legal".

"Como ejemplificación de la ineficacia del dispositivo de la policía autonómica", Pérez de los Cobos resumió que mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil lograron cerrar más de 200 centros de votación en la mañana del día 1 de octubre, los Mossos no cerraron ninguno en esa mañana, "limitándose su intervención a documentar algunos cierres una vez terminada la votación y el escrutinio".

Según la información de Pérez de los Cobos, coordinador del 1-O por mandato del TSJ de Cataluña, "la actuación del cuerpo autonómico estuvo siempre orientada a aparentar una voluntad de cumplimiento de las decisiones judiciales, pero poniendo en marcha un plan que impedía su observancia".

RESPETO A LA CONVIVENCIA COMO PRETEXTO

"El respeto de la convivencia se utilizó como pretexto para impulsar la inacción policial e incumplir la orden judicial de impedir la votación", sostiene el juez Llarena, que recuerda que, en su calidad de testigo, Pérez de los Cobos mostró al tribunal "los elementos que por la inmediata y plural información suministrada a su mando con ocasión del operativo le permiten construir ese juicio conclusivo".

El coronel, que declarará el 14 de febrero ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, responsable de la investigación sobre el que era con Forn mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, recordó que correspondía a su propia escala de mando el compromiso con la orden de impedir el referéndum de cada uno de los tres cuerpos policiales, Mossos, Policía y Guardia Civil.

Ante Llarena, De los Cobos expuso que la jefatura política (Forn como consejero y Pere Soler, director general) y policial (Trapero) "siempre fue contraria a que existiera la figura de coordinador policial, en cumplimiento de lo mandado por el fiscal superior de Cataluña y luego refrendado por la juez del TSJC Mercedes Armas.

Recordó que a los Mossos se le encomendó que requisaran los elementos materiales que eran necesarios para llevar a término la votación, así como que impidieran la apertura de los colegios electorales. "Para ello", Pérez de los Cobos "indicó que unos días antes de la fecha señalada para el referéndum, los Mossos habían de requerir de no abrir los centros de votación a los responsables de los mismos, además de impedir su apertura el propio día y de octubre, reclamando para ello el refuerzo de los otros cuerpos (Guardia Civil y Policía Nacional) si lo consideraran necesario".

POCOS AGENTES Y DISTRIBUIDOS DE FORMA IRRACIONAL

"Ante esta obligación, el testigo expresó", dice Llarena sobre el coronel, "que los requerimientos en los días previos al 1 de octubre fueron aprovechadas para desvelar el operativo policial dispuesto para impedir la ilegalidad, pues los agentes informaban de que no podían abrir los colegios y de que el día 1 de octubre de 2017 acudirían a las 6.00 AM para comprobar el acatamiento de la orden, expresando también a los requeridos que no harían nada para impedir la apertura si había una congregación de personas que proyectara riesgo de conflictividad".

También cuestionó el número de mossos desplegados, como ya hiciera en el Senado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por ser "totalmente insuficiente": se movilizaron 7.000 agentes frente a los 11.000 de otros operativos electorales no conflictivos. Además, los agentes de servicio "se distribuyeron de manera irracional, encomendando el cierre de colegios a binomios de agentes, nunca a grupos policiales en número superior a veinte y, en todo caso, sin los medios adecuados para la misión encomendada".

"Todo lo cual", apostilla el auto sobre el dispositivo, "impedía que las patrullas pudieran actuar de una manera realmente eficaz". De ahí que Pérez de los Cobos concluyera que "por haberse desvelado la pauta de actuación policial a los responsables de los centros de votación, así como por el déficit de dotación a los agentes y por el largo mecanismo de intervención, los Mossos d'Esquadra que quisieran cumplir con las órdenes judiciales no podían hacerlo".

LARGO MECANISMO DE INTERVENCIÓN

Con el largo mecanismo de intervención se refería Pérez de los Cobos al exceso burocrático para ralentizar o hacer inservible la actuación de los Mossos durante el 1-O. El proceso fijado por los mandos establecía que, en primer lugar, una patrulla tenía que comprobar que se estaba votando y observar en sus diligencias que carecía de capacidad para cerrar el colegio.

La comunicación se tramitaba a la Sala Regional de los Mossos, que a su vez lo comunicaba al Centro de Coordinación Regional, mandando "un grupo de mediación para evaluar si podían pactar una solución con los congregados en el centro de votación". Si persistía el problema, el Centro Regional valoraba si enviaba refuerzo de la policía local.

Si con la policía local no era posible cumplir con el mandato judicial, se tenía que comunicar de nuevo al Centro Regional, que a su vez informaba a un nuevo centro, el de Coordinación Global, encargado de valorar al fin si era necesario dar traslado a la Policía Nacional y la Guardia Civil.ticia