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Defensa no descarta desclasificar 10.000 documentos previos a 1968
El Ministerio de Defensa reconoce que tiene en estudio retomar la promesa del anterior Ejecutivo de desclasificar unos 10.000 documentos históricos de entre los años 1936 y 1968, pero en todo caso ya adelanta que no piensa emprender una nueva reforma de la Ley de Secretos Oficiales que rige desde 1968 que fue modificada en 1978.
Así lo reconoce el Ejecutivo en una serie de respuestas a los diputados Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, y Gaspar Llamazares y José Luis Centella, ambos de Izquierda Plural.
Estos diputados se interesaban por los planes del Gobierno socialista de desclasificar 10.000 documentos de Defensa relativos a episodios acontecidos entre 1936 y 1968 al considerar que ya no representaban riesgo alguno para la seguridad del Estado español. Esa idea fue congelada por el Gobierno del PP, cuyo Ministerio de Exteriores decidió, por el contrario, declarar secreta o reservada la práctica totalidad de su documentación, incluyendo los fondos históricos de su archivo, compuesto por papeles diplomáticos de los siglos XV al XX.
ESTÁ EN ESTUDIO
En su contestación, recogida por Europa Press, el Gobierno dice ahora que la idea de desclasificar esos 10.000 documentos "está siendo objeto de estudio". "El cambio de calificación de los documentos aludidos es un asunto que está en estudio", responde a los diputados.
En cuanto al acceso a la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, regulado por el Consejo de Ministros el 15 de octubre de 2010, el Gobierno asegura que este departamento "ha venido aplicando ese acuerdo en el sentido más favorable posible hacia los investigadores".
Además, Quevedo, de CC-NC, señalaba que historiadores de distintas universidades españolas han venido reclamando en los últimos tiempos la urgente necesidad de modificar la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, en relación a la regulación del acceso a los archivos.
LA TRANSPARENCIA TIENE SUS LÍMITES
El Gobierno responde que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales no está entre sus prioridades y en todo caso deja claro que la aplicación de esta norma "no guarda relación" con el compromiso de aprobar la Ley de Transparencia.
Según explica, las nuevas normas de transparencia "no excluyen de forma absoluta los temas de seguridad, defensa y política exterior", aunque admite que "en determinados supuestos pueden aplicarse límites, que son los previstos en el Convenio 205 del Consejo de Europa, "precisamente para garantizar el interés general".
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