El presidente de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, ha manifestado este lunes que espera que los acusados como presuntos autores del chivatazo que advertía de una operación policial contra el aparato de extorsión de ETA en 2006, digan en su declaración "quién dio la orden política", al mismo tiempo que espera un "veredicto condenatorio" tras la celebración del juicio.

   "Nosotros no perdemos la esperanza de que a lo largo de la vista oral, en estos tres o cuatro días, ellos valoren la posibilidad de que enfrentarse a diez años de cárcel por salvar la trayectoria política de los gobernantes que estuvieran implicados es tristísimo", ha afirmado en una entrevista concedida a Cadena Cope recogida por Europa Press.

   La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes al exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros como presuntos autores del chivatazo realizado en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), para quienes DyJ solicita penas de nueve y diez años de cárcel, respectivamente, por un delito de colaboración con organización terrorista y otro de revelación de secretos con grave daño para la causa pública.

   No obstante, según ha explicado Portero, "quienes tenían que estar en el banquillo" son "los responsables del Ministerio del Interior" durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

   En esta línea, sostiene que "los máximos responsables del chivatazo" fueron el exministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y el exsecretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho, ya que "ellos eran los responsables del comisario Pamies y del inspector Ballesteros, al igual que de otros miles de policías".

INTERIOR DEBÍA "ESTAR AL TANTO"

    A su juicio, los responsables de Interior "debían estar al tanto de todas las operaciones en la lucha contra ETA" o "en este caso, a favor", ya que, eran "los que dirigían a la Policía Nacional".

   Por este motivo, ha dicho, desde DyJ se ha intentado "buscar la declaración como testigo" del exsecretario y "la imputación y acusación" del que era el director general de la Policía entonces Víctor García Hidalgo. "Quienes tenían que estar sentados en el banquillo son los políticos", ha puntualizado.  

   Por todo ello, ha reiterado que espera una declaración en la que los acusados aclaren "quién les dio la orden", porque si no "se van a enfrentar a diez años de cárcel y a un desprestigio tremendo de su carrera" en la lucha antiterrorista, y ha especificado al respecto que la trayectoria profesional de Pamies "es intachable".

   Por otro lado, para él el caso Faisán supuso la "humillación tan terrible de que un Gobierno negocie con ETA y sea capaz de poner al servicio de ETA a mandos policiales para advertirles de que no iban a ser detenidos".   De esta manera, ha concluido diciendo que tras el juicio "no puede existir impunidad de los casi mil muertos de ETA y la ignominia del Chivatazo", aunque considera que va ser "un juicio muy peleado porque son pocas las pruebas que existen".