La última del Tribunal Constitucional, nos plantea sobre y ante todo un problema de Dignidad y la heridas de la dignidad, como bien sabemos todos los que actuamos en el Foro y, de una u otra manera, formamos parte de la antaño denominada Curia, hoy descafeinada a nivel de “administración de justicia”, en minúsculas con toda intención, sólo se curan con el bálsamo del ser. Fuera de él, es inútil buscar remedios, las nuevas tecnologías no sirven, no podemos digitalizar el Ser.      

    Una vez más y parece una maldición histórica, el salón de sesiones de nuestras Cortes, parece que está aislado de la realidad con un muro infranqueable, mientras nuestra civilización sufre enormes convulsiones, aquí en nuestro Parlamento unas cuantas personas discuten querellas ínfimas, niegan la verdad y la justicia, y convierten el viejo salón en una exhibición de incompetencia, finalizando en un comadreo revulsivo cuyo resultado es la composición de un  órgano político: El Tribunal Constitucional, dueño e intérprete de nuestros derechos y libertades, juzgador inapelable de vidas y haciendas, aunque legalmente no tenga competencia para ello.

         Es verdad, que los políticos españoles con respecto al Derecho, están influenciados por un pensamiento de rábulas, como estamos viendo en Asturias con la llamada operación Marea, que levantado en parte el secreto del sumario, lo actuado supera lo imaginable y por supuesto lo admisible, en el que por acción u omisión  salpica a toda la clase política asturiana. No entienden el Estado de Derecho, ni existe dignidad en un Presidente de una región que se desangra por la emigración de los jóvenes en busca de un puesto de trabajo, además del desempleo y la pobreza que afecta a más de un treinta por ciento de la población asturiana, precisamente la que por sus condiciones de baja capacitación laboral, ancianidad y riesgo, necesita mayor protección social de una Administración que sólo se dedica a negocios anómalos y a colocar a los hijos de la clase dirigente. Una región en la que muchos ciudadanos no tienen para comer y los gobernantes que manejan las contrataciones sólo están preocupados de alterar la contabilidad pública para que sus amigos puedan regalar el “Porsche” a su esposa. Ya lo dijo Jardiel: “Junto al lujo, el mal olor”.         

 Todo se puede hacer, incluso asesinar. Al final un tribunal político, cambiante de criterio al son de quienes reparten los nombramientos y en perfecta conjunción con el poder, actuarán para legalizar las vilezas más horribles, como si fuesen “mujerzuelas degradadas” al único y exclusivo servicio de un señorito depravado al final de una noche crapulosa.       

   Este es un tiempo de decadencia, en el que se cumple aquello de “dicen que llegó el progreso, os digo que llegó la barbarie”. El dilema es sencillo: o con la bomba de una parte, y el cañón, de otra, o con el Derecho por ambas. Y los españoles estamos por el Derecho y por la realización práctica de los derechos individuales y sociales permanentes e inmutables que tenemos desde nuestra concepción hasta nuestra muerte natural, que están por encima de normas y tribunales.            

Hoy, en un estado constitucional de derecho, no es suficiente  sentenciar con fundamento en el poder “recibido del pueblo”. No, no es suficiente. Es preciso y urgente razonar, integrando las reglas y los principios y sobre todo, existir la contradicción de partes ante un juez neutral, neutralidad que un tribunal político por su diseño y acceso no tiene.    

      Como afirma, nuestro Tribunal Supremo, la técnica jurídica desarrollada para evitar la deformación de las personas jurídicas, denominada en nuestro Derecho “doctrina de terceros” o “ruptura del hermetismo jurídico”; y, en derecho “anglosajón” como técnica del levantamiento del velo, es necesaria para poder “penetrar en el “substratum” personal de las entidades o sociedades, a las que la ley confiere personalidad jurídica propia, con el fín de evitar que al socaire de esa ficción o forma legal (de respeto obligado, por supuesto), se puedan perjudicar ya intereses públicos o privados o bien ser utilizada como camino del fraude (art. 6.4 del C.C.), en daño ajeno o de los derechos de los demás (art. 10 C.E) o contra interés de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, de un ejercicio antisocial de su derecho (art. 7.2 del C.C. ). Así, la Sala Especial de nuestro Tribunal Supremo, en la Sentencia de 27/03/2003 dictada en el asunto Herri Batasuna, nos decía de manera ejemplar, que el levantamiento del velo “se ha revelado como una excelente herramienta para resolver los conflictos que frecuentemente se plantean entre seguridad jurídica y justicia material, haciendo prevalecer a ésta sobre aquélla, fundamentándose su aplicación por nuestros Tribunales indistintamente, según los casos, en el fraude de ley, en el abuso de derecho y en la buena fe (arts. 6.1 y 4, 7.1 y 2 del Código Civil)”.      

    Hoy, con fundamento en el “ilícito atípico” (no citado por la Sala Especial) que afecta a los actos administrativos, la evidente desviación de poder convierte en nula de pleno derecho la resolución dictada por el Tribunal Constitucional. Es a él a quien se le debe aplicar la doctrina del levantamiento del velo, para saber que es lo que se esconde detrás de la forma del acto del órgano político, pues hemos de recordar y nunca olvidar que los actos en un procedimiento, tanto de parte como judiciales, pertenecen a la esfera de la ética, por lo que la moral y el derecho relucen en íntima conexión porque, en definitiva, ese es el derecho de la persona, siempre portadora de valores eternos y transcendentes y en su proyección jurídica, eso es o debería ser el Estado Constitucional de Derecho, por el que hoy, doblan a difuntos las campanas. Por ti, por mi, por todos nosotros y por España.