La jueza Pilar de Lara ha imputado a 12 personas, entre concejales y técnicos municipales, del Ayuntamiento de La Coruña en el marco de la operación Pokémon, que investiga una red de supuestas contrataciones irregulares a favor del grupo empresarial Vendex, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

   Entre ellos está el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Coruña y portavoz local, Julio Flores, y el concejal socialista José Nogueira.

   Según estas mismas fuentes, entre los delitos que se les imputa se encuentran los de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y uso ilícito de información privilegiada.

   Este jueves, funcionarios judiciales se han desplazado hasta el Ayuntamiento para comunicar a siete de los imputados la diligencia por la que deberán prestar declaración. Estas declaraciones tendrán lugar en los días posteriores al festivo de Reyes.

TÉCNICOS Y ASESORES

   Además del primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal de A Coruña, Julio Flores, figuran como imputados un asesor suyo y el actual concejal socialista y exresponsable de Contratación y de Tráfico durante los mandatos socialistas, José Nogueira.

   Junto a ellos, figuran dos funcionarias de la Concejalía de Cultura, entre ellas una asesora de la edil responsable de esta área; dos trabajadoras del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), entre ellos su administradora.

   Entre los imputados están también un técnico de los Museos Científicos Coruñeses y su directora, Mónica I.P. y el director del Aquarium Finisterrae, Francisco José F. A.. A estos nombres se suma el del exjefe de asuntos económicos del área de Deportes.

   En unos casos, la diligencia remitida por el juzgado la firmaron personalmente en el propio Ayuntamiento, mientras que en otros la notificación se les ha hecho llegar a su casa. Desde el grupo de gobierno no han confirmado oficialmente las imputaciones.

"COLABORACIÓN" CON LA JUSTICIA

   Así, en declaraciones a los periodistas, el concejal de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Martín Fernández Prado, aseguró que no podía "confirmar nombres". "No los tengo, es un tema personal", ha manifestado antes de que transcendiera la relación de imputados.

   No obstante, ha admitido que creía que "efectivamente" se estaban produciendo "acciones de este tipo", al ser preguntado por si se habían producido ya las primeras imputaciones en el Ayuntamiento de A Coruña.

   El edil ha apelado también a la necesidad de ser "especialmente prudentes", aunque ha vuelto a trasladar la "máxima colaboración" con la Justicia por parte del Ayuntamiento.

   El pasado 3 de diciembre, funcionarios de Aduanas registraron por segunda vez el Consistorio, recabando información de ordenadores de funcionarios y de concejales, entre ellos el primer teniente de alcalde Julio Flores o el concejal socialista José Nogueira, ahora imputados.

   En el marco de esta operación, se llevaron, entre otros documentos, contratos de servicio de mantenimiento del Aquarium, adjudicado a una de las filiales del grupo Vendex.

UN CENTENAR DE IMPUTADOS

   Con las nuevas imputaciones en A Coruña, la Operación Pokémon ya llega al centenar de implicados en esta instrucción judicial que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.

   En el epicentro si sitúan las empresas del grupo Vendex, aunque también la concesionaria del servicio de aguas Aquagest centra ramas de esta investigación, entre otras empresas.

   Desde que la operación estalló el 20 de septiembre de 2012 con la detención de los entonces alcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG); y de Boqueixón, Adolfo Gacio (PPdeG); y del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, la Operación Pokémon ha salpicado a otros gobiernos locales de las ciudades más importantes como los de Lugo y Santiago, donde sus propios alcaldes están imputados.

   Aparte de los políticos y técnicos señalados en estos ayuntamientos, también ha sido imputado el alcalde de O Carballiño (Ourense) y se ha recabado información de la concesión de servicios públicos en otros múltiples consistorios como los de Ortigueira, Marín, Ponte Caldelas, Cospeito o Arzúa, entre otros.

   Dentro de la propia macroinvestigación del caso Pokémon, que permanece bajo secreto de sumario desde hace más de un año, se han subdividido algunas operaciones como la Manga, que se centró en Santiago y en la que acabó imputado el exalcalde Gerardo Conde Roa, o la Pikachu, con la que ahora fue bautizada la rama que investiga las concesiones en A Coruña.