El Departamento del Tesoro ha incluido en su 'lista negra' de sancionados a la DGCIM, lo que implica el bloqueo de todos los activos que tenga bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de hacer negocios con individuos o compañías norteamericanas.

"La detención políticamente motivada y la trágica muerte del capitán Rafael Acosta fueron injustificadas y son inaceptables", ha dicho el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

El Tesoro ha subrayado que "este es solo el más reciente alarde de la brutalidad de una agencia conocida por sus métodos violentos". A este respecto, ha recordado el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que "detalla los métodos usados por la DGCIM para extraer información o confesiones".

Mnuchin ha reiterado que la Administración de Donald Trump está decidida a "acabar con el trato inhumano que el régimen de (Nicolás) Maduro da a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros de las Fuerzas Armadas en un esfuerzo por suprimir la disidencia".

Estados Unidos ha sancionado ya a varios funcionarios 'chavistas', incluidos Maduro y su hijo, por corrupción, narcotráfico y violaciones de los Derechos Humanos, así como a las empresas vinculadas a la élite gobernante, también la industria petrolera, principal fuente de ingresos de Venezuela.

El Tesoro ha recordado una vez más que "las sanciones no tienen por qué ser permanentes", ya que su objetivo es propiciar "un cambio positivo en el comportamiento" de los afectados. Al ex jefe de la Inteligencia venezolana Manuel Cristopher Figuera se le han retirado las medidas punitivas tras desertar.

"Trabajando en coordinación con nuestros aliados, estamos haciendo justicia ante la tortura y la persecución", ha celebrado en Twitter el autoproclamado 'presidente encargado', Juan Guaidó, advirtiendo de que "quienes ordenen, ejecuten y permitan violaciones a los Derechos Humanos deben saber que habrá consecuencias y que la opción es ponerse del lado de los venezolanos".

LA MUERTE DE ACOSTA

Acosta fue detenido el pasado 21 de junio por la Dirección General de Contrainteligencia Militar junto a otros seis uniformados por su presunta implicación en la asonada militar del 30 de abril con la que el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, pretendía derrocar a Maduro.

Murió mientras estaba bajo custodia de la DGCIM tras aparecer ante un tribunal en silla de ruedas e incapaz de hablar. La oposición sostiene que fue torturado y ha exigido una investigación internacional para esclarecer los hechos. El Gobierno, por su parte, ha abierto una investigación interna por la que ya han sido detenidos dos agentes de la DGCIM.