Junto a Lam han sido sancionados, entre otros, el comisario jefe de la Policía de Hong Kong, Chris Tang; el predecesor de éste, Steven Lo, el ministro de Seguridad, John Lee Ka Chiu, a la ministra de Justicia, Teresa Cheng; al ministro de Asuntos Constitucionales, Erick Tsang; o al responsable de la oficina de enlace entre Hong Kong y China, Xia Baolong.

"Estados Unidos apoya al pueblo de Hong Kong y utilizaremos nuestras herramientas y autoridades para atacar a aquellos que socavan su autonomía", ha hecho saber el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Las personas designadas hoy "han aplicado políticas dirigidas directamente contra la libertad de expresión y reunión y los procesos democráticos, y son responsables de la degradación de la autonomía de Hong Kong", según el comunicado.

"Estados Unidos utilizará las competencias pertinentes para continuar persiguiendo a aquellos que implementan estas nefastas políticas", añade la nota.

Lam, en particular, ha sido sancionada como "responsable directa de implementar las políticas de Pekín de supresión de la libertad y los procesos democráticos", según la declaración oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en referencia a la polémica Ley de Seguridad Nacional impuesta desde China contra los disidentes políticos del país, y que según la oposición atenta contra la independencia parcial de la que disfrutaba hasta ahora el territorio.

Estados Unidos también acusa a Lam de actuar en connivencia con las autoridades chinas para intentar imponer la ahora suspendida ley de extradición, una disposición que permitía la extradición a China de personas acusadas de delitos en Hong Kong, en contra de la independencia judicial garantizada por la ley del territorio estipulada tras la devolución a China por parte de Reino Unido en 1997.

Esta ley fue objeto de las mayores protestas de la historia del territorio, organizadas el año pasado, suspendidas por la pandemia de COVID-19, y que en las últimas semanas han vuelto a resurgir conforme el Gobierno chino avanzaba en su intención de promulgar la Ley de Seguridad Nacional.

De acuerdo con la declaración, Estados Unidos procederá a congelar propiedades y activos que se encuentren el Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses relacionadas con los sancionados.