Así, el Departamento del Tesoro norteamericano ha incluido en su 'lista negra' al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; y los titulares del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR), Óscar Salvador Mojica y Orlando Castillo, respectivamente.

Destaca Porras, que ha capitaneado la llamada Comisión de la Verdad, que se encargó de investigar los hechos de violencia ocurridos durante las protestas contra Ortega, a la que la oposición no concede ningún crédito por su parcialidad, según informa el diario nicaragüense 'La Prensa'.

La Administración de Donald Trump ha dictado medidas punitivas contra los implicados en las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el marco de la crisis política que sufre Nicaragua, así como en actos de corrupción.

Las sanciones implican que los activos que las personas señaladas tengan bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, que no pueden hacer negocios con individuos o empresas estadounidenses y restricciones de viaje.

Por su parte, el Gobierno canadiense también ha sancionado a un total de nueve funcionarios en donde destacan nombres como Gustavo Porras o Orlando José Castillo, ya sancionados por parte de la nación norteamericana.

El Gobierno de Canadá ha emitido un comunicado en el que ha explicado que "a pesar de los progresos realizados en la liberación de los presos políticos, Canadá sigue preocupada por las denuncias de violaciones de Derechos Humanos como la violación del derecho a la vida, la seguridad, la libertad de expresión y la libertad de reunión".

"También ha habido informes bien documentados de ejecuciones extrajudiciales, tortura y abuso de manifestantes. Sin embargo, hasta la fecha, los responsables de las violaciones de los derechos humanos no han tenido que rendir cuentas", ha aseverado el comunicado.

En este sentido y en coordinación con Estados Unidos, Canadá ha anunciado estas sanciones "en respuesta a las violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos" que se han producido en este país.

"Estas sanciones envían un claro mensaje de que no se tolerarán las continuas violaciones de los Derechos Humanos del Gobierno de Nicaragua contra su pueblo", indica el comunicado.

CRISIS POLÍTICA

La crisis estalló en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.

Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.

El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.

Las partes acordaron una lista de presos políticos que debían ser liberados antes del 18 de junio. El Gobierno considera que ha cumplido, pero la plataforma disidente asegura que aún hay al menos 85 presos políticos, al tiempo que denuncia que los excarcelados están bajo un régimen de "casa por cárcel".