El alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, "subordinó" el interés público a los intereses de "ciertos empresarios" y favoreció  "de manera continuada" a empresas vinculadas al constructor David Marjaliza y otros, asegura el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el auto en el que decreta su ingreso en prisión sin fianza.

   El magistrado, que le imputa la comisión de delitos de tráficos de influencias, organización criminal, cohecho, malversación, revelación de secretos, falsificación documental y fraude, concreta que el edil del municipio madrileño facilitó adjudicaciones irregulares y reveló  información a estos empresarios.

   Incurrió, además, en "otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios", dice el auto.
El magistrado ha dictado esta noche la entrada incondicional en la cárcel para otras dos personas, la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez, y el empleado de Cofely Pedro García.

"MANO DERECHA" DE MARJALIZA

   En cuanto a la asistente de Marjaliza el juez subraya que era la "mano derecha" del empresario y "parte imprescindible" de la articulación de su complejo entramado empresarial para la comisión de sus actividades delictivas.

   Apunta, además que existen indicios de su participación directa en la entrega de cantidades económicas a autoridades y funcionarios públicos. También la relaciona con la elaboración de facturas falsas que se empleaban para generar efectivo para el pago de cohechos.

   Del tercero de los detenidos que han ingresado en prisión incondicional, Pedro García, el juez señala que es el principal "interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos de la que se sirve la empresa para lograr la adjudicación de contratos públicos millonarios en diversas administraciones públicas".

   El juez ha interrogado hoy a otras 12 personas y ha decretado para ocho de ellos el ingreso en prisión eludible con fianzas de entre 25.000 y 100.000 euros. Se trata del concejal de Hacienda de Valdemoro, José Javier Hernández (60.000 euros); el jefe de gabinete del alcalde, Alfredo Ovejero (25.000 euros); el arquitecto municipal de la localidad (100.000 euros); los empresarios relacionados con el constructor David Marjaliza: Eduardo de la Peña (50.000 euros) y Antonio Serrano (100.000 euros); el director general de Cofely, Didier Maurice, su director comercial Constantino Álvarez y el empleado José Antonio Álvarez, todos ellos con fianzas de 100.000 euros.

EL EXALCALDE DE CARTAGENA, LIBRE

   El magistrado ha dejado en libertad sin la imposición de medidas cautelares al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso. Asegura en su auto que el antiguo edil concertaba con el segundo principal 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro.

   Aclara que ambos contactaban con distintas autoridades públicas a los que ofrecían "realizar ciertos trabajos para mejorar su reputación en internet". Esto le servía "no sólo para obtener un lucro económico directo" sino también para acceder a contrataciones públicas para él mismo o para otros a cambio de una comisión.

   El juez ha tomado declaración entre ayer miércoles y este jueves a 27 detenidos y ha dictado prisión incondicional para cinco de ellos. Velasco ya decretó el ingreso en la cárcel del presidente de la Diputación de León Marcos Martínez y el empresario Alejandro de Pedro, considerado junto al constructor David Marjaliza, principal 'conseguidor' de la trama.

   El magistrado ha impuesto fianzas para eludir la cárcel a otras 13 personas: el empresario José Luis Huerta tendrá que abonar la más alta, de 300.000 euros. Dos de los arrestados quedaron en libertad con fianza y siete en libertad.