El Gobierno se comprometió ante Bruselas a adelantar el cierre del ejercicio de 2016 a julio, cuando lo habitual suele ser en noviembre, como una de las medidas para evitar la multa por el déficit excesivo y lograr el objetivo de situar el déficit público por debajo del 3% el próximo año.

Según el nuevo calendario, la Administración del Estado no podrá iniciar nuevos gastos a partir del próximo miércoles e, iniciado el procedimiento de gasto, será el 29 de julio la fecha límite en que la Administración podrá remitir a la Intervención para su fiscalización los compromisos de gasto con un tercero.

Esta limitación no afectará a los gastos que se deriven del cumplimiento de normas legales o reglamentarias como, por ejemplo, el caso de pensiones o prestaciones por desempleo. Quedan excluídos, igualmente, aquellos que sean autorizados o aprobados por Consejo de Ministros, así como los gastos de personal o deuda pública, entre otros.

El adelanto en la fecha máxima en que la Administración puede iniciar y comprometer gastos no afectará al pago de los compromisos ya asumidos hasta la fecha, que podrán realizarse hasta el 30 de diciembre. De esta forma, no se generarán facturas pendientes de pago, ya que actúa sobre las fases iniciales del gasto, impidiendo que surjan compromisos o que se realicen prestaciones de los cuales pudieran derivarse posteriormente deudas para la Administración.

En concreto, la Orden Ministerial regula las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas a la contabilidad del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias tanto en la Administración General del Estado, como en los Organismos Autónomos del Estado, Agencias Estatales y otros Organismos públicos.

Con este adelanto en la fecha de cierre presupuestario, cuatro meses antes de lo habitual, el Ejecutivo pretende limitar el gasto público de todas las Administraciones Públicas en los próximos meses para "conseguir unos ahorros que pueden ser decisivos para cumplir con los Objetivos de Estabilidad".

En esta misma línea, el Gobierno ya aprobó el pasado mes de abril un acuerdo de no disponibilidad de créditos en el Presupuesto del Estado para 2016 por importe de 2.000 millones de euros.

Igualmente, España se ha comprometido ante Bruselas a llevar a cabo otras medidas complementarias para tratar de reducir al máximo la multa por la desviación de los objetivos de 2015 --con un déficit del 5,1% en lugar del 4,2% reclamado-- entre las que se incluyen también una reforma del Impuesto de Sociedades con un impacto presupuestario estimado de 6.000 millones de euros en 2016.

Esta medida se complementará con la puesta en marcha de medidas adicionales para luchar contra el fraude fiscal (1.000 millones de euros), que serán aprobadas mediante Real Decreto cuando se constituya el nuevo Gobierno.

Según el Ejecutivo en funciones, se trata de un "esfuerzo adicional" de control del gasto público en su ámbito de actuación, de modo que los distintos Ministerios no incurran en gastos que no son prioritarios y servirá para seguir avanzando en la consolidación fiscal.