El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves con 15 votos a favor, 5 en contra y una abstención un informe crítico con el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil dirigida a la ampliación de las atribuciones de los procuradores, quienes según esta norma podrán participar en los actos procesales de comunicación y determinados actos de ejecución, entre ellos los embargos.

   El informe advierte de que la reforma que ahora se propone "no puede servir para crear y legitimar una Justicia de dos velocidades en la práctica"  de manera que la eficacia y agilidad solo se dé en los casos en los que esos actos procesales los realice el procurador de la parte, a petición y a cargo de ésta.

   En una nota remitida tras la finalización del Pleno, el órgano de gobierno de los jueces resalta que este informe está íntimamente vinculado a que "se respete y de exacto cumplimiento a las previsiones que hace la Memoria que acompaña al Anteproyecto, que no prevé una reducción del número de auxiliares o secretarios judiciales tras esta reforma normativa".

   Inciden que si la reforma se acompañase de una reducción de los funcionarios judiciales, provocando la consiguiente más lenta tramitación, "el anteproyecto y el ensanchamiento de facultades de los procuradores que viene a introducir contaría con una firme reprobación de este Consejo".

   En el mismo sentido, el CGPJ vincula el texto aprobado hoy sobre esta reforma "al mantenimiento de la previsión de que no se incluya en las costas procesales el gasto del procurador por la práctica de actos procesales de comunicación, auxilio, colaboración".

REGULACIÓN DEL JUICIO VERBAL

   La reforma también introduce modificaciones en la regulación del juicio verbal civil, entre ellas la generalización de la contestación escrita, que en la actualidad se prevé para el juicio ordinario y sólo para algunos procesos verbales especiales.

   "Esa solución, si bien puede significar una ventaja para el demandante al conocer la postura el demandado antes de acudir a juicio y proponer la prueba, sin embargo supone una dilación en la duración del proceso, mermando además las facultades del juez en orden a la concreción de los hechos en que las partes funden su pretensión y que ya han quedado determinados antes de la vista", advierte el CGPJ.

SENTENCIA DEL TJUE

   Por último, el CGPJ se refiere a lo dicho en el Anteproyecto a la hora de recoger el sentido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJUE) del pasado mes de junio que introduce controles en los contratos de crédito ante la eventual existencia de cláusulas abusivas en los contratos.

   A este respecto, el CGPJ señala que "la regulación que se propone es una clara invasión de la función jurisdiccional y no se adecúa a los términos de la sentencia, debiendo ser en todo caso el juez quien, de oficio, realice el examen del contrato y, si estimara que algunas de sus cláusulas es abusiva, acuerde la audiencia de las partes y resuelva".