Los 20 vocales se reunirán de nuevo a las 9.30 horas con la intención de cubrir la vacante con un nombre que concite el acuerdo de la mayoría cualificada del órgano, es decir, que obtenga, al menos, 12 votos.

    Las casi catorce horas de reunión repartidas en dos sesiones celebradas la semana pasada resultaron infructuosas para lograr un candidato de consenso entre la veintena de nombres que fueron puestos encima de la mesa por los diferentes sectores en los que se ha fracturado el Consejo.

   La propia portavoz, Gabriela Bravo, reconoció al término del pleno celebrado el pasado miércoles que el proceso de elección es "complejo" y "dificultoso". Aun así, precisó que "cada día" avanzan las negociaciones y se mostró segura de que "en un plazo razonable" los vocales lograrán cumplir con su obligación.

   Los vocales reconocen la valía de todos los candidatos, magistrados del alto tribunal y con historiales profesionales más que suficientes para desarrollar la labor de presidente del Poder Judicial.

   Tras innumerables votaciones, los aspirantes más votados en la última jornada fueron los magistrados del Tribunal Supremo José Ramón Ferrándiz, quien fue durante muchos años presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y el que fuera vicepresidente de esta organización José López García de la Serrana. 

  Ambos obtuvieron, respectivamente, diez y nueve apoyos de los vocales que integran el Consejo, por lo que no alcanzaron el quorum requerido para ser designados como máxima autoridad judicial del país, según señalaron a Europa Press fuentes presentes en la reunión. 

  Después de ellos los mejor posicionados, con entre 6 y 8 votos, fueron el también conservador y ex vocal de este órgano Benigno Varela y los progresistas Joaquín Giménez, Gonzalo Moliner y Carlos Granados.

RETOS DEL NUEVO PRESIDENTE 

  Las deliberaciones se alargaron también ante la insistencia de un grupo de vocales en optar por la abstención. Se trataría de los consejeros que son considerados los  más cercanos al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que están interesados en mantener la actual bicefalia con un CGPJ presidido por Fernando de Rosa y un Tribunal Supremo a cuyo frente se encuentra, también en funciones, el magistrado de Sala más antiguo, que es Juan Antonio Xiol.

   El nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial deberá hacer frente a las reformas legales anunciadas por Gallardón, entre ellas la que afecta al funcionamiento del CGPJ y que ha recogido la crítica de las asociaciones de jueces y fiscales de todas los sectores.

   El máximo responsable de la judicatura también deberá gestionar el malestar de los jueces, fiscales y funcionarios ante los recortes aprobados por el Gobierno y las medidas legislativas impulsadas por el Ministerio. El hartazgo ha llegado a tal punto que han creado una comisión para canalizar las medidas de protesta, entre las que no descartan convocar paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos o huelgas.