El acuerdo entre el PP y Ciudadanos que la pasada primavera dio la Presidencia del Gobierno murciano a Fernando López Mira incluye la reforma de su Estatuto para terminar con el aforamiento de los miembros del Ejecutivo y de los diputados autonómicos.

La reforma que salió de la Asamblea de Murcia tiene que ser aprobada en las Cortes Generales y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, por lo que si se aprueba en la actual legislatura autonómica, será aplicable a los miembros del Gobierno y a los actuales diputados: sólo tendrán inmunidad por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Para el resto de asuntos, podrán ser investigados y juzgados por tribunales ordinarios.

Uno de esos diputados es el precedesor de López Mira, Pedro Antonio Sánchez, quien dejó la Presidencia por los casos judiciales en los que está implicado, pero mantiene su escaño. En concreto, está investigado en la trama 'Púnica' y ya procesado en el 'caso Auditorio', ambos en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia porque Sánchez mantiene todavía ese aforamiento. Está por ver si la reforma del Estatuto llegará a tiempo para que los casos vuelvan a los tribunales ordinarios.

UN PROCESO DE MESES

El proyecto aprobado por el Parlamento regional contiene un sólo artículo, en el que se reforman a su vez dos del Estatuto (el 25 y el 33), un texto que el próximo martes será defendido en el Pleno del Congreso por los tres ponentes elegidos por la Asamblea: el portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, el de Ciudadanos, Miguel Sánchez, y el viceportavoz socialista, Joaquín López.

Como cualquier otro proyecto de ley, pasará después a la Comisión Constitucional, donde otras dos reformas estatutarias esperan desde hace meses ver la luz y arrastran una ampliación tras otra del plazo de enmiendas, sin que los grupos afronten el debate de una vez: los estatutos de la Comunidad Valenciana y de Canarias. A ellos se sumará la ley murciana, aunque podría adelantar a las otras dos y ser aprobada antes.

La reforma valenciana incluye la famosa 'cláusula Camps' en el Estatuto, una previsión de inversiones por parte del Estado en esta Comunidad. Pero sobre todo tiene la peculiaridad de haber llegado seis veces al Congreso.

En cuatro de ellas no tuvo éxito y fue retirada del orden del día por decisión de sus propios autores, por diversas razones, y en las dos últimas no pudo ser tramitada al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones. Por fin el pasado octubre, a la séptima ocasión, consiguió superar el Pleno y llegar a la Comisión Constitucional.

TAMBIÉN LAS ISLAS CANARIAS ACABAN CON EL AFORAMIENTO

La reforma estatutaria de Murcia es fruto de un compromiso político del PP con Ciudadanos y la de Canarias, también del PP con Coalición Canaria. Si la primera permite a los 'populares' mantener el Gobierno de la Región, aunque con otro presidente, la segunda se aceptó para sumar el apoyo de los nacionalistas a la investidura de Mariano Rajoy y a los Presupuestos del Estado para 2017.

Se trata de una reforma integral de la norma autonómica y recoge también el final del aforamiento general para los parlamentarios canarios. Al igual que la iniciativa de Murcia, limita la inviolabilidad de estos políticos a las cosas que digan y voten en el ejercicio de sus funciones.

Por lo demás, recoge el Régimen Especial Fiscal del archipiélago para 'anclarlo' constitucionalmente, y aclara y refuerza las singularidades canarias, con un estatus fiscal y económico específico y un tratamiento particular en la financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado (PGE), derivado de los sobrecostes que generan la lejanía y la fragmentación geográfica.

Además, el nuevo Estatuto permitirá al presidente del Gobierno canario disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, aparte de que podrá elaborar decretos ley en caso de urgente necesidad. Incluye la reforma del sistema electoral canario con la bajada de los topes electorales --el insular del 30% al 15% y el regional del 6% al 3%-- y la creación de una circunscripción electoral complementaria.

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