Se trata del último paso de su tramitación en el Congreso antes de que esta reforma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial sea remitida para su aprobación en el Senado. La pasada semana salió adelante en la Comisión de Justicia con el voto en solitario del PP y el rechazo de la oposición.

   Los grupos han reprochado el acelerado trámite que ha seguido esta norma de carácter orgánico y que regula el órgano de gobierno de un poder del Estado, como es el Judicial. De hecho, el PSOE ha amenazado con derogar la ley cuando vuelva al Gobierno.

   La ausencia de un debate prolongado en el tiempo ha sido reconocida por el mismo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha justificado el cumplimiento estricto de los plazos legislativos en que el nuevo sistema debe ponerse en marcha cuando el actual Consejo del Poder Judicial se renueve el próximo septiembre.

   El texto que se discutirá en el Pleno incluye la propuesta del PP para que la Comisión Permanente esté compuesta por el presidente y por cinco vocales vocales y no seis como proponía el Ministerio. Tres de ellos serán nombrados por el turno judicial y dos serán juristas de reconocida competencia. Serán los únicos que tengan dedicación exclusiva y "se procurará" su rotación anual.

    El dictamen también apuesta por una única vicepresidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a diferencia de la sugerencia del Gobierno para que cada órgano tuviera su propio vicepresidente.

   Además, contempla que todas las actividades del CGPJ se lleven a cabo en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y "de acuerdo con las directrices en materia de política exterior que, en el ejercicio de sus competencias, sean fijadas por éste, sin perjuicio de las competencias que en materia de cooperación jurisdiccional internacional ostenta el Consejo".

OBSERVAR LA PARIDAD EN LA ELECCIÓN DE VOCALES

   Una disposición adicional establece que las Cámaras regularán el procedimiento de selección de los vocales estableciendo mecanismos para garantizar la "máxima transparencia y publicidad" en su designación y "con observancia" de la Ley de Igualdad para la "igualdad efectiva de mujeres y hombres".

   El dictamen ha incluido una enmienda transaccionadas por el PP y el PSOE por la que se incluye el deber "inexcusable" de los vocales de asistir, participar y emitir voto válido sobre las cuestiones a decidir por el Pleno y las Comisiones, limitando las abstenciones a supuestos en los que concurra causa legal para ello. Los consejeros en ningún caso podrán votar en blanco cuando se trate de materia disciplinaria y decisiones sobre recursos.

   Entre las enmiendas incorporadas, se encuentra la planteada por CiU para que el Consejo informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia y reciba las quejas de los ciudadanos en esta materia.

   Entre sus atribuciones, el órgano de gobierno de los jueces cuidará por la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones del Supremo y del resto de juzgados y tribunales.

   El PP también pactó el PNV que el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), con sede en San Sebastián, colabore con el Consejo en la armonización de los sistemas informáticos que redunden en una mayor eficiencia de la actividad de los juzgados. El director del CENDOJ deberá acreditar el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos quince años.

   La Comisión de Justicia incluyó la enmienda de los grupos de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para que el expediente de inspección se complete con los informes que presente el juzgado investigado.