Jueves, 22 de mayo de 2025
Objetivo de los indignados
El Congreso de Brasil rechaza vetar a la Fiscalía en investigaciones criminales
Los diputados han rechazado por 430 votos en contra, nueve a favor -uno de ellos por equivocación, según su autor- y dos abstenciones esta enmienda constitucional, a pesar de que hasta el inicio de las protestas populares se inclinaban mayoritariamente a aprobarla.
"La propuesta de enmienda constitucional ha sido rechazada, casi por unanimidad, en esta Casa. Va para el archivo", ha anunciado el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, según ha informado la cadena O Globo.
La votación se ha llevado a cabo en medio de varias idas y venidas suscitadas por la enorme presión que las manifestaciones en las calles de todo el país sudamericano han ejercido sobre los legisladores brasileños para rechazar definitivamente el PEC 37.
Antes del estallido social, estaba previsto que la enmienda constitucional -que ya había recibido el visto bueno de las comisiones parlamentarias sobre la materia- se votara este martes y, previsiblemente, fuera aprobada.
Sin embargo, con la creciente protesta popular, los legisladores -incluidos los del gobernante Partido de los Trabajadores (PT)- intentaron retrasar la votación, al considerar que no era el momento idóneo para llevarla a cabo.
Finalmente, y ante la presión popular, Alves ha promovido un acuerdo in extremis entre los líderes de los partidos políticos en la Cámara de Diputados para que la votación se llevara cabo, e incluso ha adelantado su ubicación en el orden del día para que fuera el primer punto.
"Quiero decir que todo el país está acompañando esta votación, por lo que sería muy importante, en estos momentos, un acto de unanimidad para rechazar el PEC 37", ha señalado Alves, antes de que los legisladores se pronunciaran sobre la enmienda constitucional.
"Cuando las comisiones Constitucional y de Justicia votaron, la mayoría era favorable. Ahora, con la presión de las calles, han cambiado de opinión", ha destacado el diputado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) -una escisión del PT- Ivan Valente.
"Hoy estamos aquí honrando a las calles, por eso el Gobierno ha decidido reorientar su voto sobre el PEC 37", ha justificado, por su parte, el portavoz gubernamental en la Cámara de Diputados, Arlindo Chinaglia.
El PEC 37 se había convertido en una de las banderas de los indignados brasileños porque suponía retirar la iniciativa a la Fiscalía en las investigaciones criminales, dándosela a los cuerpos de seguridad, lo que generaría impunidad, sobre todo en casos de corrupción.
Las protestas comenzaron el pasado 6 de junio de forma pacífica en Sao Paulo por la subida del precio del transporte público de 3 a 3,20 reales, pero que una semana después se tornaron violentas por la represión de la Policía Militar.
Entonces, miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades para protestar, ya no solo por estas tarifas, sino también por los efectos sobre la Hacienda Pública de la Copa Confederaciones, el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016 y por los deficientes servicios públicos.
En respuesta, al menos once ciudades, incluidas Río de Janeiro y Sao Paulo, accedieron a cancelar el aumento del precio del transporte público o a aplicar una reducción, según los casos, pero no han conseguido calmar las calles.
Millones de personas han seguido con las manifestaciones en las grandes ciudades, dejando un saldo de al menos cuatro muertos y decenas de heridos y detenidos. Además, ha habido graves disturbios, como los intentos de asalto al Congreso, al Ministerio de Exteriores y a ayuntamientos.
En este contexto, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha propuesto la celebración de un referéndum que siente las bases de una reforma constitucional en la que se planteen, entre otras cuestiones, la mejora de los servicios públicos y la lucha contra la corrupción.
Los principales partidos políticos de la oposición brasileña han rechazado este plan al considerar que se salta al Congreso, ya que posee la competencia exclusiva para convocar un plebiscito y reformar la Constutición, y han presentado su propia hoja de ruta.
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