La reforma que plantea Ciudadanos para "garantizar la independencia" de la Fiscalía General del Estado mediante su elección parlamentaria por mayoría reforzada, con la que busca que pueda actuar con autonomía respecto al Gobierno de turno, se debatirá este martes en el Pleno del Congreso, donde se decidirá si se acepta o no su tramitación.

Se trata de una proposición de ley que la formación naranja registró en junio de 2017 para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Entonces argumentó que, con el telón de fondo de la corrupción y del "continuo descrédito" de las instituciones, existía una "sombra de sospecha" sobre el funcionamiento de la Fiscalía que hacía necesario sustraerla del debate partidista.

La formación naranja considera que en España debe haber "una Fiscalía General del Estado, no del PP o del PSOE, una Fiscalía que trabaje independientemente y que tenga autonomía financiera", según dijo su presidente, Albert Rivera, que espera el voto a favor de esos dos partidos ya que tanto uno como otro suscribieron una reforma de la Fiscalía en los acuerdos de investidura que alcanzaron con Cs en 2016.

La portavoz de la Ejecutiva de Cs, Inés Arrimadas, ha recalcado este lunes la importancia que tiene para su partido la despolitización de la Justicia, que debe estar libre de "presiones políticas". A su juicio, en la votación de este martes "quedará retratado" quién quiere una Justicia más independiente y quién prefiere mantener el modelo del "viejo bipartidismo" en el que el Gobierno y la Fiscalía están unidos por un "cordón umbilical".

"Esperamos que el PP cumpla con su palabra y vote a favor de la toma en consideración", ha manifestado Arrimadas al recordar que la reforma de la Fiscalía está en el acuerdo de investidura que firmaron ambos partidos.

La iniciativa contempla que el fiscal general del Estado sea propuesto por el Gobierno, oídos previamente el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, pero la novedad es que el candidato, además de comparecer ante la Comisión de Justicia para que los diputados evalúen sus méritos e idoneidad, habrá de ser sometido a una votación en el Pleno del Congreso y que para su ratificación será necesario el apoyo de al menos dos tercios de los miembros de la Cámara. Eso supone sumar al menos 233 diputados, lo que exige recabar más apoyos que los que tienen PP y PSOE juntos.

El candidato deberá haber sido elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 25 años de ejercicio de la profesión, en vez de los 15 años que se exigen ahora, y no podrá haber desempeñado ningún cargo público o electivo durante los diez años anteriores.

AMPLIAR EL MANDATO DE 4 A 6 AÑOS

Ciudadanos también plantea que el mandato del fiscal general del Estado se incremente de cuatro a seis años, para que no coincida exactamente con el mandato del Gobierno, y que entre los motivos de su cese se incluya el incumplimiento grave o reiterado de "los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad".

En ese caso, será el Pleno del Congreso de lo Diputados, previa comparecencia del fiscal general del Estado en comisión, el que decida sobre el cese por una mayoría de al menos dos tercios de la Cámara, la misma que sirvió para nombrarlo, a propuesta de una quinta parte de la misma.

Asimismo, Cs propone que los miembros del Ministerio Fiscal puedan ser recusados por las causas legalmente previstas y por los trámites establecidos para la recusación de los jueces y magistrados, que los nombramientos y ascensos que pretenda hacer el fiscal general sean sometidos a votación en el Consejo Fiscal y que las resoluciones del fiscal general se puedan recurrir ante el Consejo Fiscal.

En el caso de que el superior jerárquico de un fiscal pretenda avocar para sí mismo un asunto en el que éste se encuentre trabajando o designar a otro fiscal para que lo despache, la sustitución deberá contar con la decisión favorable del Consejo Fiscal, que deberá escuchar al fiscal al que se pretenda sustituir.

COMUNICACIONES POR ESCRITO

Por otro lado, la proposición de ley de Ciudadanos prevé que, cuando el fiscal general del Estado y los fiscales jefes quieran dar instrucciones a sus subordinados sobre asuntos particulares o que afecten a la unidad de criterio, solo puedan hacerlo de manera excepcional y siempre por escrito.

También se harán por escrito las comunicaciones del Gobierno, las Cortes Generales y las comunidades autónomas con el Ministerio Fiscal. Por último, la formación naranja propone reformar el régimen de elección de los fiscales que integran el Consejo Fiscal para lograr "una mayor transparencia e igualdad" y establecer en los Presupuestos Generales del Estado una partida específica propia para el Ministerio Fiscal a fin de garantizar su autonomía.