Así consta en un auto del juzgado de instrucción número 2 de Oviedo que ordena la continuación de la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento apropiado, por si los hechos investigados a Fernández Villa y al exsecretario del Patronato de la Fundación Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo, constituyen delitos continuados de aprobación indebida.

Según explica la juez, Fernández Villa estuvo al frente del sindicato hasta el 9 de abril de 2013, asumiendo "la dirección y el control de todos los medios humanos ye conómicos y efectuando actuaciones encaminadas a desviar fondos del sindicato a su patrimonio personal, así como a destinar capital del sindicato a finalidades distintas de las propias y a sustraer al debido control el uso de los fondos del Sindicato a su finalidad legitima".

En un extenso auto, la juez va detallando las cantidades de las que se habría apropiado Villa. El SOMA-Fitag-UGT tenía representación en el denominado 'Comité Intercentros' de la empresa pública Hunosa, que pagaba a la organización por la asistencia de sus miembros a las reuniones. En el periodo comprendido entre noviembre de 1989 y enero de 2001, Hunosa pagó cheques nominativos directamente a Fernández Villa, quien "pese a ser conocedor" que los mismos pertenecían al sindicato, incorporó a su patrimonio personal todo el dinero percibido por Hunosa. Así se hizo con 243.462,46 euros.

Siempre según el relato de la juez instructora, a partir de 2001 la empresa pública Hunosa cambió la forma de pago y optó por transferencias bancarias. Pero el dinero no iba a la cuenta del SOMA-Fitag-UGT, sino a otra desgajada de la anterior con el nombre SOMA-UGT, de la que Villa tenía el "control absoluto".

"De este modo además de peticiones de reintegro de gastos por dietas de alimentación y transporte, presentó y cobró en efectivo cantidades de carácter personal y además utilizó en dicho concepto las tarjetas de crédito propiedad del sindicato que se le habían suministrado para su actividad representativa y en las que se cargaban gastos carentes tanto de autorización como de justificación", reza el auto.

Además, con una tarjeta de crédito solicitada por SOMA-UGT a cargo de la cuenta del 'Comité Intercentros', efectuó compras "en su único y exclusivo interés en establecimientos diversos y en diversos conceptos tales como puros, flores, productos de farmacia y parafarmacia, libros, música, prendas de vestir...". De 2001 a 2007 compró por valor de 37.120,43 euros. También hay cargos carentes de justificación de 2008 a 2012, con una suma total de 36.082,43 euros.

Fernández Villa también habría destinado de 2009 a 2012 una cantidad de 13.779,31 euros a gestiones separadas de sus funciones de secretario general, y cargó facturas telefónicas de tipo personal.

VEHÍCULOS

En el auto, la juez explica pormenorizadamente el uso de fondos económicos del sindicato para comprar dos vehículos todoterreno, dos Mitsubishi Montero, a pesar de que el sindicato ya tenía coche oficial.

Fernández Villa compró el primer Montero en 2001 y el sindicato pagó hasta un total de 70 mensualidades de 478,87 euros, sumando un total en este concepto de 33.520,90 euros.

El segundo Montero lo adquirió en 2006, parte de cuyo precio (14.000 euros) se abonaba por el investigado mediante la entrega del anterior. A partir de ese momento y con la finalidad de abonar la compra del vehículo nuevo el histórico líder sindical minero ordenó que se modificará el importe de la transferencia que mensualmente venía recibiendo de la cuenta del SOMA a su cuenta personal, pasando a ser desde el mes de 12 de marzo de 2007 hasta el 11 de diciembre de 2012 de la cantidad de 777,78 euros, realizándose un total de 67 pagos mediante tal transferencia, alcanzando un total de 52.111,26 euros (por lo que no sólo se le abonó el vehículo sino unos 24.220,26 euros adicionales).

Del segundo Mitsubishi Montero hoy no se sabe nada. La juez explica que era para el uso particular de Fernández Villa, incluso tras su cese como secretario general. "Fue puesto a disposición del sindicato una vez iniciado el presente procedimiento judicial, en febrero de 2016, desconociéndose su paradero actual", señala la juez.

En el auto, la juez también aprecia indicio de apropiación indebida en el comportamiento del exsecretario del Patronato de la Fundación Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo. A 119.434,74 euros asciende la cantidad que habría hecho suya o destinado a finalidad ilegítima.

El auto ya ha sido comunicado a las partes y ordena la continuación de la tramitacion de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado. El Ministerio Fiscal y las acusaciones tienen 10 días para solicitar la apertura de juicio oral. Contra el auto cabe la presentación de recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a la notificación.