La Constitución de 1978 tomó en cuenta, entre otras cosas, el problema de las nacionalidades. Las regiones y provincias no eran, al menos en principio, un problema. O no eran un problema preocupante. El término nacionalidad se utilizó para referirse a las comunidades autónomas que tenían una identidad diferenciada del resto, como lengua, identidad colectiva o cultura.

  Ha habido repetidos intentos de equiparar “nacionalidad” a “nación”. En todo caso, el concepto de “nacionalidad” no está directamente vinculado a la idea de Estado soberano sino, más bien, a la idea de singularidad cultural o de nación cultural, pero no al concepto de nación política.  

En este contexto, el ejemplo más reciente y preocupante de ataque al Estado de Derecho es el del Estatuto de Cataluña. La pretensión de ciertas comunidades autónomas de autoafirmarse como “Comunidad histórica” (expresión que no está recogida en la Constitución española), así como el intento de autoafirmarse como “nación”, han planteado, y plantean, graves problemas políticos, institucionales y económicos. Todo esto con independencia de que el concepto de ‘Comunidad histórica’ fue aplicado al País Vasco, Cataluña, Galicia y, posteriormente, a Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón y Castilla y León.

  En estos momentos, el peligro más importante para la Constitución española y para España, como nación y como Estado, lo tenemos en el mencionado Estatuto de Cataluña. Con independencia de que la sociedad española ha estado esperando, desde hace cuatro años, que el Tribunal Constitucional decida sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, total o parcial. Entre los diversos problemas que tal estatuto plantea, el más grave es el de la bilateralidad. Porque aceptar la bilateralidad, entre Cataluña y España, supondría romper la Constitución española y aceptar que Cataluña es una nación soberana. El Tribunal Constitucional no ha aceptado este ataque frontal pero el Presidente Zapatero ha dicho a Montilla que “lo arreglará”, para no defraudar las expectativas catalanistas. Puro esperpento. Un ataque del Presidente de Gobierno al Estado de Derecho. ¡Inaudito!

  El artículo 1.2, de la Constitución, dice: “La soberanía reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado”. Y el artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.  

Pero no sólo estamos viviendo un ataque ilegítimo a la línea de flotación de la Constitución española, con amenazas públicas al Tribunal Constitucional si no se acomodaba a los deseos de la Generalidad de Cataluña y anuncios de Zapatero de modificar la sentencia promulgando las leyes que haga falta. Es que el Estado de las Autonomías resulta, además, económicamente inviable.  El Estado central gasta, aproximadamente, el 23% del total del gasto público, las Autonomías el 34%, las entidades locales el 13% y la Seguridad Social un 30%, aproximadamente.

  Y no vamos a hablar del inadmisible nivel de corrupción existente, que aleja a los ciudadanos de la vida pública, les hace perder confianza en los políticos y las instituciones democráticas, y perjudica nuestra eficiencia económica y nuestro prestigio.

  Nos referiremos al preocupante e insostenible despilfarro de las instituciones públicas. No solamente el despilfarro del Estado, sino de las Autonomías y los Ayuntamientos. Por ejemplo, entre el gasto Autonómico y Municipal se alcanza casi el 70% del gasto público total. Es cierto que en ello está incluido partidas tan importantes como la educación o la sanidad y determinadas inversiones públicas, pero no lo es menos que el hecho de que estos servicios se dispensen por 17 administraciones encarece sobremanera su desarrollo. Sin contar con la metástasis de fundaciones, consorcios, empresas publicas, etc. verdaderos entes manirrotos,  que escapan a la ley de contratos públicos y sus controles. Sin embargo, el Estado tiene mecanismos para controlar este enorme y creciente despilfarro. El artículo 149 de la Constitución le da competencias suficientes. Pero falta responsabilidad y sentido de Estado. Así están de indefensos los ciudadanos.

  Sucede, además, que las Comunidades Autónomas no se responsabilizan de la recaudación con la que hacer frente a sus gastos. Es el Estado central el que tiene que asumir la ingrata tarea de recaudar. En cambio, las Autonomías sólo deciden el gasto, lo que facilita este irresponsable despilfarro de las Comunidades Autónomas.  

Si a esta grave situación añadimos que, en estas últimas décadas, se han incentivado, a través de los sistemas de enseñanza y buena parte de los medios de comunicación, las fuerzas centrífugas (nacionalismos y separatismos), la descoordinación y la quiebra relativa de la unidad de mercado son ya una triste realidad. Con la ineficiencia, disminución de la competitividad y los costes económicos que ello comporta.

  Algunos creen que este es un problema estricta y exclusivamente económico. Es un error. Los efectos son económicos, aunque no sólo, pero el origen es político, El constante vaciamiento de ciertos artículos de la Constitución, como el artículo 2 antes citado, permiten entender cómo se ha llegado a una quiebra relativa de la unidad de mercado, con sus graves repercusiones económicas. Pero esta situación sería reversible si los dos grandes partidos cumplieran, e hicieran cumplir, los preceptos constitucionales. Sin embargo, sus pactos con los nacionalistas soberanistas han ido debilitando, cada vez más, al Estado Central.  

En este contexto de deterioro institucional y de falta de respeto por la Constitución, se pueden entender estas palabras del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Aseguró que: “España ha perdido el respeto por Cataluña y que las relaciones entre ambas han empeorado, lo que demuestra que el proyecto de un estado plural con identidades propias e integrado, ha fracasado”.  

 Sin embargo, el artículo 1 de la Constitución no habla de “Estado plural”. Dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho ...”

Estas palabras del exPresidente Pujol, son un ejemplo más de cómo los nacionalistas soberanistas no han querido entender, ni respetar, la Constitución española. Pero no es esto lo más grave. Se podía esperar tamaña deslealtad, dados los antecedentes históricos y el Título VIII de la Constitución actual. Lo inesperado, para muchos españoles, ha sido la falta de sentido de Estado de los dos grandes partidos, cada uno con su respectiva cuota de responsabilidad. Han primado los partidismos sectarios y se ha resentido gravemente el proyecto común, de unidad en la diversidad, que dibuja y establece la Constitución para todos los españoles, vivan en el lugar que vivan.