Que consistía en unos descuentos indirectos que las empresas proveedoras realizaban al sindicato cuando se hacían compras importantes, pero que eran abonados al margen de la factura oficial que se presentaba ante la Junta para justificar la subvención.

   La declaración judicial de Fresneda, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha conocido después de que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, haya levantado el secreto de sumario que pesaba desde el pasado mes de septiembre sobre el caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A para cursos de formación subvencionados por la Junta, investigación en la que hay un total de 16 personas imputadas. De este modo, las partes han tenido acceso a los cinco tomos y más de 3.000 folios con los que cuentan ya las actuaciones.

   Entre los imputados, y además de Fresneda, se encuentran también Dolores Sánchez, que fue responsable de compras de UGT-A, y María Charpín, exsecretaria de Gestión Económica de la ejecutiva andaluza de UGT y vocal de la Comisión de Garantías de UGT confederal, así como una decena de representantes de empresas que negaron al juez haber elaborado "facturas falsas" para UGT-A, aseguraron que "actuaron dentro de la legalidad vigente" y que siguieron las "indicaciones, pautas y parámetros" marcados por el sindicato.

   En un atestado elevado al Juzgado, el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explica que el sindicato contaba con dos procedimientos que le habrían permitido "la canalización de fondos provenientes de subvenciones para la realización de acciones formativas otorgadas" por la Junta "para la realización de actividades diferentes a las que estaban predestinadas, financiando actividades regulares de UGT-A, como organización sindical".

   Según el Instituto Armado, entre estos procedimiento se encontraba el llamado 'bote', señalando que UGT-A mantenía "una especial relación" con determinados proveedores, de manera que "para justificar determinados gastos imputables a subvenciones, estos emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se había realizado o servido realmente", añadiendo que "para poder establecer la diferencia real entre lo facturado y lo servido, el departamento de compras estableció lo que se dio en llamar el 'bote'".

   Respecto al 'rapel', la Guardia Civil pone de manifiesto que, según la declaración de los trabajadores del departamento de Administración de UGT-A, aquellos proveedores que quisiesen contratar con esa entidad "debían aceptar realizar unos descuentos que oscilaban entre el 3 y el 15 por ciento", porcentajes que "eran negociados" por Fresneda y María Charpín y que "quedaban documentados como descuentos en concepto de 'rapel'", de manera que con cada uno de los proveedores "se negociaba un porcentaje diferente y, según este acuerdo, de manera periódica, bien por transferencia, bien por talón bancario, ingresaban a favor de UGT-A las cantidades correspondientes a los descuentos aplicados".

"VÍA ALTERNATIVA DE FINANCIACIÓN"

   De este modo, añade la UCO, "la factura emitida por el proveedor por el 100 por cien del gasto era imputada a un programa subvencionado, caso de ser un gasto subvencionable", pero "sin embargo en el momento que el proveedor devolvía una determinada cantidad, este descuento no se comunicaba a la Administración".

   "Con estos sistemas, el sindicato se dotó de una vía alternativa de financiación, siendo a su vez la persona que llevaba un total control sobre los mismos Federico Fresneda, si bien en un plano inmediatamente inferior se situaba María Charpín", asevera la UCO, que considera que "la mayoría de los gastos estructurales UGT-A eran imputados a programas subvencionables".

   En su declaración judicial, Fresneda explicó que el pago de 'rapel' por parte del proveedor "se hacía según el volumen de ventas que se alcanzaba", de manera que el mismo se pagaba al sindicato "por transferencia, cheque o talón, se prorroteaba y se aplicaba a la unión o federación que hubiera hecho el pedido correspondiente", añadiendo que el 'rapel' obtenido "se ponía en conocimiento de la comisión ejecutiva, del consejo regional y del comité regional".

EL 'RAPEL', DE UN CUATRO POR CIENTO

   Fresneda admitió que "es cierto que cuando se obtenía el 'rapel' sobre el volumen total de compras, y al aplicar la subvención correspondiente, en la factura no se hacía el descuento del 'rapel'", por lo que "en su momento se hizo la consulta oportuna y era un tema complicado que no se llegó a solucionar", pues "cuando UGT-A recibía el 'rapel' del proveedor correspondiente ya se había justificado con la factura oportuna ante la subvención que correspondiera".

   Fresneda, que aseguró no saber nada sobre el procedimiento del 'bote', declaró que el porcentaje del 'rapel' "solía ser de un cuatro por ciento", aunque "dependía de la facturación", de manera que "no es cierto que este porcentaje podía llegar al 20 por ciento ni tampoco que su pago fuera una condición indispensable para poder contratar con UGT-A", pues "de hecho hay proveedores que contratan sin pagar 'rapel' alguno".

   A preguntas del fiscal, el imputado explicó que era la Comisión Ejecutiva de UGT-A la que "decidía las empresas que debían pagar este 'rapel'", de modo que Pastrana y Fernández Sevilla "estaban al tanto", abundando en el hecho de que, de las facturas presentadas para justificar la subvención, "no se podía descontar el importe de ese 'rapel', ya que no se sabía qué 'rapel' se iba a recibir si no se había llegado al volumen de compras correspondiente".

   Todo ello "habiéndose ya justificado la factura para la subvención", puso de manifiesto Federico Fresneda, que aseveró que "no es cierto que el 'rapel' fuera un porcentaje fijo, pues al menos al principio era sobre el volumen de compras", aunque "no sabe si luego se eliminó esta forma de cálculo".

EL 'RAPEL' "SE ABONABA ANUALMENTE"

   El imputado atribuyó a la Secretaría de Gestión Económica "la negociación concreta" del 'rapel' y subrayó que "no se podía hacer un cálculo para descontar de la factura que se justificaba ante la Administración el 'rapel' recibido", el cual "se abonaba anualmente".

   Asimismo, y en cuanto a los planes de formación que gestionaba UGT-A, Fresneda señaló que Pastrana "firmaba con la Consejería la realización de estos planes, que se distribuían por las federaciones regionales y uniones provinciales", de manera que "cada provincia tenía su paquete correspondiente y era autónoma para gestionarlo".

   En esta línea, explicó que las empresas contratadas para formación "no abonaban 'rapel' a UGT-A" y aseguró que UGT-A "puede justificar y retener hasta el 20 por ciento de la subvención recibida para formación, como gastos de desarrollo de la misma", aunque "en el caso de que no se justificara ese 20 por ciento, procedía a su devolución a la Administración tras la retención".

   En definitiva, añadió que "la comisión ejecutiva y sus 15 miembros tenían conocimiento tanto del programa informático Spyro --que integraba la justificación, la contabilidad y los datos del departamento de compras-- como del 'rapel', de cuándo se cobraban los programas y en definitiva de todos los movimientos de UGT".