El fiscal Emilio Sánchez Ulled, en sus conclusiones en la cuarta y penúltima sesión del juicio en la sala civil y penal, ha ratificado íntegramente este jueves sus conclusiones y las ha elevado a definitivas.

Así, también sigue pidiendo nueve años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau; en ambos casos, por desobediencia grave cometida por autoridad pública como cooperadoras necesarias y prevaricación administrativa.

Estas son las penas que pide el Ministerio Público si los dos delitos se consideran en concurso ideal, es decir, si se considera finalmente que uno de ellos es necesario para cometer el otro.

El Ministerio Público considera que, si el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos --en cuyo caso no se considerarían en concurso ideal--, las condenas totales serían de nueve años y seis meses para Mas, y de ocho años y siete meses tanto para Ortega como para Rigau, además de una multa.

ACUSACIÓN DEL FISCAL

El escrito de acusación del fiscal --previo al juicio y que ahora ha ratificado-- acusa a Mas de articular "una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión" acordada por el TC, y de hacerlo amparándose sólo en su voluntad y continuando los trabajos, aunque con la conveniente discreción --afirma la Fiscalía--, y para eso supuestamente se concertó con las otras dos acusadas.

"Eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC", según el fiscal, que les acusa de aparentar que la gestión del 9N quedaba exclusivamente en manos de los voluntarios sin participación del Govern.

La Fiscalía concluye que Mas, "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad", desatendió el mandato del TC e incumplió la obligación que, como convocante, tenía de dejar sin efecto la consulta del 9N, según el escrito de acusación.

Ortega, como vicepresidenta del Govern, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones, inmediatamente por debajo de Mas, y fue la "impulsora directa de las principales actuaciones administrativas" para el 9N, siempre según el fiscal.

En el caso de Rigau, Fiscalía considera que puso a disposición de la consulta los medios de la Conselleria de Enseñanza y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de este departamento para garantizar que los directores de los centros de Secundaria prestaran el apoyo necesario.

ACUSACIÓN POPULAR

Las conclusiones definitivas de la acusación popular, encabezada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, renuncian a acusar a Mas, Ortega y Rigau de un delito de malversación y a pedir pena de prisión para ellos.

Su abogado, Antonio Alberca, ha puntualizado que toman esta decisión después de que el TSJC dejara fuera el delito de malversación al abrir juicio oral.

De este modo, la acusación popular --en que también participan Manos Limpias, la Asociación Arca Ibérica y un particular-- pide 10 años de inhabilitación por desobediencia grave y prevaricación administrativa para los tres acusados, al considerar que permitieron las actividades de preparación de la consulta y actos vinculados a ella y que no suspendieron los contratos para su celebración pese a la decisión del TC.

Los peritos contradicen al Govern en el

juicio del 9N y dicen que la web se podía

eliminar

Los peritos de la Guardia Civil que han comparecido en el juicio del 9N han asegurado que la web de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 se podría haber eliminado "en 48 horas" después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera la consulta.

En su comparecencia este jueves a petición de la Fiscalía, los peritos han afirmado que el hecho de que estuviera ubicada en diferentes servidores no impedía desactivarla, al contrario de lo que testificó el martes el cargo del Govern responsable del diseño del proceso participativo, Joan Cañada.

Que la página podía eliminarse también lo testificó el martes el que era director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), Jordi Escalé.

Este jueves, los peritos también han explicado que, al analizar el programa que la empresa T-Systems creó para la consulta, detectaron que hubo "cargas de ficheros" en el programa los días 4, 7 y 9 de noviembre, es decir, después de la suspensión del TC.

En cambio, Cañada dijo el martes que no le constaba que se hubiesen introducido datos después del 4 de noviembre: "Que pasara por mí no se introdujo ningún contenido".

El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que el Govern en ningún momento intentó desactivar la web --que todavía es accesible-- y que el mismo día 9 se introdujeron en ella datos sobre los resultados de las votaciones.

Lo que intenta demostrar el fiscal es que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau no hicieron nada para aplicar la suspensión, que continuaron con los preparativos y que se limitaron a simular que dejaban el 9N en manos de los voluntarios.

El programa que diseñó la empresa para la consulta incluía, entre otras aplicaciones, la página web de información a los voluntarios y las que estos utilizaron en las mismas mesas para comprobar que los participantes eran aptos para votar en esas sedes e impedir que participaran dos veces.