Además, la organización critica que si llegara a aprobarse esa ley, "la discrepancia sobre esa concepción de la sexualidad pasaría a ser ilegal y sancionable por considerarse discriminación contra las personas LGTBI".

"Los que hoy día defienden esa concepción de la sexualidad que pretende convertir en obligatoria la nueva ley propuesta pueden defender sus opiniones con toda libertad y sin riesgo alguno de ser sancionados ni perseguidos. De aprobarse esta proposición de ley, quienes defiendan otra concepción de la sexualidad pasarán a ser sancionados y sus centros educativos o medios de comunicación pueden ser clausurados", ha avisado el presidente del Foro de la Familia, Mariano Calabuig.

A su juicio, esta proposición de ley "reprime" los derechos "a la libertad de expresión, educación, ideológica y religiosa" y "pretende imponer un pensamiento e ideología únicos en materia de sexualidad con el pretexto de luchar contra la discriminación de las personas LGTBI".

Entre otros puntos contemplados en la proposición de ley, el Foro de la Familia califica de "especialmente preocupantes" los que afectan a la educación, en concreto, la elaboración por parte del Estado y las comunidades autónomas de un plan integral en materia LGTBI para su aplicación "de manera transversal en todas las asignaturas" con "ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género así como la diversidad familiar".

Calabuig pide a todas las fuerzas políticas "que no se imponga" esta ley sino "que se busque el consenso de las distintas formas de pensar para no tensionar y dividir la sociedad española". Además, pide a los grupos parlamentarios libertad de voto para todos los diputados a la hora de votar esta proposición de ley.

En esta línea, la semana pasada, las confesiones apoyaron una propuesta de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) para estudiar si esta proposición de ley podría vulnerar el derecho a la libertad religiosa. El Pleno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, órgano consultivo del Gobierno presidido por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó la propuesta y designó a dos expertos para llevar a cabo el estudio.

Además, este lunes 17 de julio, la Alianza Evangélica Española lanzó una petición en la plataforma Change.org para pedir a los partidos políticos que "detengan" esta proposición de ley por considerar que es "intolerante" y que no distingue entre "respeto a las personas y derecho a la discrepancia".

Esta proposición de ley fue registrada en el Congreso el pasado mes de mayo por Unidos Podemos con las firmas de la oposición e irá al Pleno del Congreso a partir de septiembre donde se decidirá si se admite a trámite.