El Consejo de Ministros estará presidido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y contará con la asistencia de todos los miembros del Ejecutivo.

   El proyecto de ley de Unidad de Mercado, que será aprobado para su remisión a las Cortes, tiene como objetivo acabar con las trabas burocráticas y asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional.

   La ley está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen, que ya funcionan en el Mercado Único Europeo. De esta forma, cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional.

   Según el informe del anteproyecto de ley que estudió el Consejo de Ministros el pasado mes de enero, la aprobación de esta Ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52 por 100 en un periodo de diez años. El aumento sería aproximadamente, del 0,15 por 100 PIB anual los primeros diez años, en torno a 1.500 millones de euros cada año.

   Entre otras medidas, se contempla la creación del Consejo para la Unidad de Mercado, un órgano de cooperación administrativa para velar por el cumplimiento de la ley, que tendrá entre sus funciones las de racionalizar la normativa e impulsar cambios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado.

   Igualmente, está previsto que se habilite a los operadores a acudir a la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en caso de que entiendan que actos o sanciones de las Administraciones Públicas vulneran la unidad de mercado y por tanto obstaculizan la libre circulación de sus productos o servicios.

   REFORMA FISCAL

   Asimismo, el Gobierno nombrará previsiblemente al grupo de expertos independiente que elaborará su propuesta de reforma fiscal y asesorará al Gobierno en la reforma de los principales tributos que quiere tener lista para marzo del próximo año y que afectará tanto a la imposición directa como indirecta.

   El grupo de expertos contará con lo que queda de año para elaborar su propuesta, según dijeron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Hacienda, al objeto de que el Gobierno pueda presentar la reforma fiscal en marzo del próximo año para que entre en vigor en 2015.

   A la espera de que se abra el debate público sobre dicha reforma, lo que está claro es que los cambios que prepara el Gobierno afectarán a los dos principales impuestos, el IRPF y el de Sociedades, e introducirá novedades de fiscalidad medioambiental, en línea con las recomendaciones de Bruselas.

   En el IVA, el Gobierno no parece muy dispuesto a tocar los tipos actuales, después de que el general haya subido cinco puntos en los últimos años, desde el 16% al 21%, si bien no descarta revisar los productos y servicios que actualmente están gravados con el tipo reducido del 10%.  

  En el caso del IRPF, la intención del departamento de Cristóbal Montoro es revertir la subida fiscal que se inició en 2012 y, en cuanto a la tributación empresarial, Hacienda quiere ampliar las bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades, muy erosionadas por la crisis económica y por la ingeniería fiscal de las grandes empresas, circunstancia que ha empezado a corregirse con los últimos cambios introducidos por el Ejecutivo en este impuesto.

   NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

   El Gobierno quiere también inscribir este planteamiento de reforma tributaria en la aprobación de nuevo modelo de financiación autonómica, toda vez que las comunidades autónomas tienen cedida una parte de la recaudación del IRPF, del IVA y de los Impuestos Especiales.

   También deberá decidir qué hace con el Impuesto de Patrimonio, parcialmente suprimido, y con el de Sucesiones y Donaciones, cedido a las comunidades autónomas y que refleja una gran disparidad en función del gobierno autonómico que lo aplica.

   La intención del Gobierno es llevar a cabo una reforma de todos los impuestos "completa e integral" para favorecer la equidad y la financiación adecuada de los servicios públicos y "reordenar" el modelo fiscal español, después de que en los últimos años el sistema tributario haya sido revisado en muchas ocasiones a través de reformas parciales.