Los datos que maneja el Ministerio de Economía, basados en cálculos del Banco de España, apuntan a que las necesidades de capital adicional del sistema financiero español no superan los 20.000 millones de euros.

   La norma establece una exigencia de capital del 8% para las entidades, y del 10% para las que no cotizan, no cuentan con presencia de inversores en un determinado porcentaje de capital y disponen de una excesiva dependencia de la financiación mayorista.   

El decreto, que se adelanta a los requisitos de capital de la regulación internacional de Basilea III, establece que las entidades que no alcancen dichos niveles mínimos antes del próximo septiembre recibirán recursos públicos.

   La inyección de dinero a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) implicará la nacionalización parcial o total de la entidad durante un plazo máximo de cinco años y podría suponer sanciones para los directivos de las entidades intervenidas.

   El presidente de la patronal de las cajas de ahorros, Isidro Fainé, reclama al Gobierno flexibilidad tanto a la hora de determinar qué elementos se consideran capital principal como sobre los plazos de salida a Bolsa de las entidades, una petición en la que cuenta con el respaldo de PP y CiU.  

  Responsables de cajas consultados por Europa Press recalcan que el plazo dado hasta septiembre para dar el salto al parqué es demasiado corto, máxime cuando las circunstancias del mercado pueden no acompañar a este tipo de operaciones.  

  Por su parte, responsables de bancos apoyan las mayores exigencias de capitalización a las cajas de ahorros por considerar que van aparejadas al mayor riesgo de estas entidades debido, fundamentalmente, a su mayor exposición inmobiliaria.

COMPROMISOS DE CRÉDITO.

   Economía contempla que las entidades que finalmente reciban recursos públicos para fortalecer su capital asuman compromisos de concesión de créditos a familias y empresas, según un escrito sobre el plan para reforzar la solvencia que ha servido de base para las negociaciones con los agentes implicados y con los partidos políticos.   

Además, las entidades financieras que no cumplan los requisitos de capital en un plazo de quince días tras la publicación del decreto deberán comunicar un plan de cumplimiento de las exigencias al Banco de España.

   Dicho plan podrá contemplar la captación de recursos necesarios de terceros privados, y en caso de involucrar la solicitud de apoyo del FROB deberá ir aparejado de un plan de reestructuración en el plazo de un mes.  

  El Banco de España analizará en septiembre el estado de ejecución de las medidas que integran el plan de cumplimiento y determinará si las entidades pueden cumplir con los requisitos de capital.

ECONOMÍA APURA LOS CONTACTOS.   

El Ministerio de Economía y Hacienda está apurando hasta el último momento los contactos con los grupos políticos para lograr convalidar sin contratiempos la norma, aunque el PSOE confía en sacarla adelante en el Congreso con el apoyo de PNV y CC y arrancar, al menos, una abstención del PP.   

Así, Salgado mantiene contactos constantes tanto con el equipo económico del PP que lidera Cristóbal Montoro, como con el portavoz económico de los nacionalistas vascos, Pedro Azpiazu, y la diputada de CC, Ana Oramas, para seguir discutiendo la redacción definitiva de la norma.  

  La gran incógnita a esta hora sigue siendo la posición de CiU, que, pese a su interés en un acuerdo que beneficie a las cajas catalanas, ya se descolgó a última hora del acuerdo para constituir el FROB y la posterior reforma de la Ley de Cajas. En cualquier caso, el rechazo de las minorías de izquierda y UPyD se da por descontado.