El Boletín Oficial del Estado recoge este sábado la medida aprobada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para supervisar las cuentas de la comunidad autónoma de Cataluña, con el fin de asegurarse de que no se utilizan fondos públicos para sufragar los gastos de organización del referéndum de independencia que la Generalitat pretende celebrar el próximo 1 de octubre.

La medida, cuya entrada en vigor es "inmediata", según se recoge en el documento publicado, establece que el interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña deberá remitir todos los miércoles el certificado final al Ministerio de Hacienda y Función Pública, empezando el próximo miércoles, 26 de julio.

La decisión gubernamental fue anunciada este viernes por el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien ha explicado que se trata de una propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para "impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre", algo que ya fue rechazado por el tribunal Constitucional al anular las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum.

Según Méndez de Vigo, el control de las cuentas autonómicas se justifica en que, pese a la prohibición de destinar dinero público a la organización del referéndum, los responsables del gobierno autonómico han anunciado su voluntad de seguir adelante con su celebración.

"Si un Gobierno quiere utilizar el dinero para otras cosas que, además, son ilegales, tendrán que ser ellos los que lo sufraguen, porque no lo sufragarán con el dinero de todos los catalanes", ha subrayado.

Además, ha hecho hincapié en que existe "derecho" a "saber que nadie utiliza ese dinero de todos para algo que es solamente la pretensión de unos pocos" y en que se trata de una medida "preventiva" en favor de la "seguridad y bienestar" de los catalanes "para garantizar que el dinero va donde los catalanes quieren que vaya, que es a prestar los servicios públicos esenciales y no un referéndum ilegal".

Aún así, fuentes de Hacienda han explicado a Europa Press que el objeto de la medida no pretende en ningún caso la suspensión de las transferencias del FLA a Cataluña --cuyas condiciones seguirán siendo las mismas-- sino que hace hincapié en la necesidad de que los funcionarios y trabajadores de la Generalitat de Catalunya informen de cada una de las facturas y gastos aprobados por el gobierno autonómico.

Según el documento publicado este sábado en el BOE, se trata de un mecanismo que ya está previsto en la normativa del FLA y que contempla la posibilidad de reclamar a las comunidades autónomas "la remisión adicional de determinada información" por razón de "cuantía, evolución, naturaleza económica o finalidad", algo que Hacienda considera necesario "a la vista de las nuevas circunstancias" en la región.

INFORME SEMANAL Y RESPONSABILIDADES EN CASO DE

FALSEDAD

Así, la nueva medida impone la obligación de remitir, en lugar del informe mensual que se reclamaba hasta ahora, un informe de manera semanal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo menos hasta que "desaparezca la situación de riesgo para el interés general" de los catalanes.

El mecanismo puesto en marcha implica que los interventores de las respectivas consejerías y las entidades sometidas a función interventora, así como los responsables económico financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat deberán elaborar un informe detallado de todos los pagos realizados que deberán enviar al interventor general de la comunidad autónoma.

"Cada uno de los citados responsables certificarán, en los modelos y con las particularidades que, de acuerdo con las competencias de cada uno de ellos, determine el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pagos, presupuestarios o extrapresupuestarios, en sus respectivos ámbitos de competencia, que puedan estar destinados a la realización de las actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum", señala el BOE.

Con todos estos datos, el interventor general remitirá todos los miércoles el certificado final al ministerio con los certificados individuales en el anexo. Además, desde Hacienda explican que la falsedad en las facturas o pagos acreditados en dichos informes podría suponer la exigencia administrativa de responsabilidad "contable y/o penal" a los funcionarios encargados de certificarlos, como responsables por el uso de recursos públicos para "financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales", independientemente de si estos fondos proceden o no del FLA.

Además, Hacienda reclamará una certificación similar para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2017, que será remitido el 9 de agosto de 2017.

Hacienda explica que la supervisión a las

cuentas catalanas se intensifica tras detectar

gastos prohibidos por el TC

El secretario de Estado de Haciena, José Enrique Fernández de Moya, ha explicado que la decisión de imponer una mayor supervisión a las cuentas de la Generalitat de Catalunya se produce después de que en el último informe remitido por el interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña certificara que se habían realizado pagos con cargo a las partidas presupuestarias suspendidas por el Tribunal Constitucional, por estar destinadas a sufragar los gastos para el referéndum ilegal del 1 de octubre.

"La última certificación remitida, el pasado jueves 13 de julio, por la intervención general de la propia comunidad autónoma certificaba que a finales del mes pasado se habían reconocido obligaciones con cargo al programa 132, que corresponde al epígrafe organización, gestión y seguimiento de procesos electorales", ha especificado en declaraciones a COPE, recogidas por Europa Press.

Concretamente, el texto de la medida publicado este sábado en el BOE indica que el último informe reconocía obligaciones en el programa presupuestario '132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales' --anulado por la sentencia del Tribunal Constitucional-- por valor de 19.370 euros y autorizaciones y disposiciones de gasto por importe de 25.520 euros (6.150 euros adicionales sobre los datos del mes precedente).

Por ello, ha hecho hincapié en que la obligación del Gobierno es "hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional", razón por la cual se han intensificado los controles presupuestarios sobre la comunidad autónoma para que "ni un solo euro de los catalanes quede destinado a un proceso que es ilegal e inconstitucional".

Por otra parte, se ha mostrado convencido de que durante los últimos años el Estado ha sido "el principal aliado de Cataluña" a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez y de que "la Generalitat de Cataluña sabe perfectamente que al estar adherida al FLA tiene que cumplir la condicionalidad que se estableció".

Por eso, ha hecho hincapié en que en aquellos casos en que en aquellos casos en que los pagos de gasto "estén destinados a lo que significan los tramos que conciernen al Fondo de Liquidez Autonómica" como vencimientos de deudas y pagos a proveedores "no habrá ningún problema". "Los pagos seguirán con absoluta normalidad", ha manifestado.