El Gobierno ha asegurado tras conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, que condena a España por la aplicación de la "doctrina Parot" a la etarra Inés del Río Prado, que corresponde a la Audiencia Nacional decidir el modo de aplicar ese fallo y si afecta a otros etarras que continúan en prisión por la aplicación de esa doctrina. En cualquier caso, ha advertido de que las posibles excarcelaciones de terroristas que se vayan a producir como consecuencia de ello "en ningún caso" van a suponer "impunidad", por lo que el Ejecutivo velará porque no sean recibidos como "héroes".  

  Así lo han declarado los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, respectivamente, en rueda de prensa para valorar la sentencia del tribunal europeo. Ruiz-Gallardón ha subrayado que "es al tribunal sentenciador a quien corresponde establecer cómo aplicará la sentencia", si bien ha recalcado que en cada caso la Fiscalía realizará un "estudio profundo sobre la conveniencia de la aplicación de la sentencia". Según ha dicho, así se lo ha transmitido esta misma mañana el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

"AFECTA A UN CASO CONCRETO"

   Han llegado a decir que no fue el Gobierno quien estableció la doctrina Parot, sino los tribunales y que por tanto les corresponde a ellos aplicar ahora el fallo del TEDH. En ese sentido, el ministro de Justicia ha recordado que "el Tribunal Constitucional ya ha establecido que las sentencias de Estrasburgo deben tomarse en consideración cuando existen situaciones privativas de libertad". No obstante, pese a delegar la decisión en los tribunales, Gallardón ha defendido que la decisión de Estrasburgo responde a "un recurso individual que afecta a una persona", que "no hay una doctrina generalizada" y por tanto tendrá que revisarse cada caso.  

 Por su parte, Fernández Díaz ha subrayado que si el fallo del Tribunal de Estrasburgo conllevará "eventuales excarcelaciones", el Gobierno "velará por el cumplimiento de la ley", y especialmente para que "no se produzcan ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas". "No vamos a permitir que quienes salen de prisión sean recibidos como héroes. En ningún caso va a suponer impunidad", ha afirmado al tiempo que ha dicho que "al Gobierno no le va a temblar el pulso".  

  Al ser preguntado por la cifra exacta de terroristas que podrían ser excarcelados tras este fallo, el titular de Interior ha declinado predeterminar un número ya dependerá de los tribunales si salen o no de prisión. En cualquier caso ha recordado que no afecta sólo a miembros de ETA sino a otros terroristas como seis miembros de los GRAPO, uno de los GAL y otro independentista gallego además de 15 delincuentes graves como violadores o asesinos en serie.  

  Los datos con los que cuenta el Gobierno barajan que unos 60 presos podrían ir saliendo en los próximos al encontrarse en la misma situación que Inés del Río o y que otros 75 podrían ser excarcelados en los próximos años ya que también se les habría aplicado la "doctrina Parot" en caso de no haber sido derogada.

 "NO VOLVERÁ A PASAR"  

  Buena parte de la intervención de ambos se ha centrado en garantizar que esta situación "no volverá a pasar" ya que el Gobierno ha tomado medidas "para que un asesinato no sea igual a 20". A los terroristas y delincuentes graves a los que afecta esta decisión de hoy son aquellos que fueron juzgados por hechos anteriores a la entrada en vigor del Código Penal de 1995 que ya contempla el cumplimiento íntegro de las penas y otro sistema de redención de penas.

   Gallardón ha destacado en varios puntos de la rueda de prensa su última reforma del Código Penal en la que se contemplan medidas como la prisión permanente revisable que, según ha dicho, sería aplicable al caso de Inés de Río. También ha elogiado esta última reforma en la posibilidad de someter a medidas de vigilancia a aquellos delincuentes graves que salen de prisión, aunque estas medidas no se aplicarían en este caso, según ha apuntado Fernández Díaz, tras recordar que cuando una persona es excarcelada por haber cumplido su pena queda libre y las fuerzas de seguridad no pueden actuar al margen de la ley.  

 "Nos duele de forma muy intensa", ha reiterado Gallardón quien, al igual que Fernández Díaz, ha manifestado su recuerdo por las víctimas. El ministro del Interior se ha referido en concreto a los 12 guardias civiles asesinados en el asesinato en la Plaza de la República Dominicana en el que participó Inés del Río.  

  Además, el ministro ha recordado que ETA está derrotada policialmente y que esa es la razón por la que decretó su cese definitivo hace dos años. En cualquier caso, ambos ministros han asegurado que esta decisión de Estrasburgo no va a variar un ápice ni la política penitenciaria ni la política antiterrorista hasta lograr la total disolución de la banda.  

 "El Gobierno ha utilizado todos los argumentos que estaban a su alcance", ha dicho Gallardón, quien ha dado las gracias a la Abogacía del Estado por la defensa del recurso presentado por España para mantener la "doctrina Parot". Según han recordado esta norma jurídica fue avalada tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional. Por su parte el ministro del Interior ha recordado que de no ser por la intervención del Gobierno, la etarra Del Río llevaría meses en libertad.

31.500 EUROS  

  Gallardón ha aclarado que la etarra Inés del Río "no recibirá ninguna cantidad de dinero de las instituciones españolas". Nada de los 31.500 euros a los que Estrasburgo obliga a España a indemnizar a la terrorista por el tiempo de más que ha pasado en la cárcel y por las costas del proceso.

El ministro ha recordado que Del Río tiene una deuda contraída con el Estado en concepto de responsabilidad civil por sus atentados. La etarra se declaró insolvente en su momento y fue el Estado quien tuvo que indemnizar a sus víctimas por lo que el Ejecutivo descontará ahora este dinero de la deuda que sigue teniendo.

   En un momento de la rueda de prensa se le ha recordado a ambos ministros que este mismo tribunal fue el que avaló la Ley de Partidos Políticos en el pasado. En ese sentido han sido preguntados acerca de si este fallo hubiese podido estar condicionado por el cese definitivo de ETA.

 Gallardón ha descartado esta posibilidad y ha dicho que en la sentencia no se hace ninguna apelación a esta circunstancia.