Así lo recoge el "Programa Nacional de Reformas 2012" enviado por el Ejecutivo a Bruselas que anticipa que a lo largo de este año "se reformarán las condiciones de acceso y permanencia en la situación de incapacidad temporal de los funcionarios civiles del Estado".      Entre las medidas que se prevén está la "modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de desempeñar con normalidad su trabajo".

   Además, el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal se realizará en días en lugar de meses para "reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad".

   Por otra parte, no se abonarán los subsidios en caso de incomparecencia injustificada al reconocimiento médico y se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por parte de los afectados.

   El Gobierno afirma que el objetivo de esta reforma es "reducir los problemas de riesgo moral asociados al aseguramiento de las contingencias relativamente comunes, que se traducen en una elevada tasa de absentismo entre los empleados públicos".

   En su opinión, este absentismo "repercute directamente en la productividad de la Administración Pública no sólo a consecuencia de las ausencias, sino también debido a sus efectos negativos sobre la motivación de los empleados que acuden a su centro de trabajo y sobre el desempeño de labores por éstos que normalmente no son de su competencia".  

  Asimismo, el Ejecutivo considera que el absentismo contribuye "a aumentar la interinidad en el empleo público, lo que también puede repercutir en la productividad del trabajo".

PERJUICIO A LAS ARCAS PÚBLICAS  

  El Gobierno también argumenta que "dado que las situaciones de ausencia se remuneran, el absentismo produce un perjuicio directo a las arcas públicas de imposible justificación, con los consiguientes costes para el conjunto de la sociedad".

   Por todo ello, afirma que promoverá durante 2012 una reforma del Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado que actúen en casa uno de estos frentes.  

  En concreto, cree que medir la duración de la baja en meses "puede contribuir a no reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad".

   También considera que "no existen mecanismos de control adecuados que vinculen efectivamente el pago de subsidios a partir del cuarto mes de baja a la situación real de incapacidad del empleado".  

  Y por último, el Gobierno indica que orientará su reforma "a evitar que se produzcan dilaciones indebidas por parte de los organismos intervinientes en la eficacia de las situaciones de incapacidad temporal, que pueden perjudicar injustificadamente a los empleados públicos".