El Gobierno ha abierto este viernes la puerta a la posibilidad de que la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, tenga que hacer frente a responsabilidades penales por tramitar la resolución sobre la "desconexión" de Cataluña que aprobó el Parlament el pasado miércoles, al pedir al Tribunal Constitucional que remita a la Fiscalía las "vulneraciones" que ha cometido de sus resoluciones.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, después de la reunión del Consejo de Ministros. Se trata de una de las medidas incluidas dentro del incidente de ejecución de sentencia presentado ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Parlament, que pide además que sea declarada nula y suspendida de forma inmediata.

A juicio del Gobierno, siguiendo con el informe elaborado por la Abogacía del Estado, Forcadell desobedeció una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2015 al incluir en el orden del día del Pleno del Parlament la votación de la resolución de "desconexión", que había sido declarada inconstitucional y nula.

Por ello, emplaza al tribunal a "deducir testimonio de particulares" para exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder a la presidenta del Parlament, lo que en la práctica supone que el tribunal remita a la Fiscalía el conjunto de actuaciones desarrolladas por Forcadell para que, "en su caso", se pueda proceder penalmente contra ella.

"Se ha vulnerado una decisión judicial y entendemos que tenemos que pedir al Tribunal Constitucional que, a la vista de esa actuación, la remita a la Fiscalía", ha explicado la vicepresidenta, que cree que Forcadell pudo "incurrir en delito" al incluir en el orden del día el debate y votación de la resolución de "desconexión".

AVISO A PUIGDEMONT Y SUS CONSEJEROS

Por otra parte, el incidente de ejecución de sentencia interpuesto por la Abogacía del Estado también pide al Tribunal Constitucional que emplace a una serie de responsables públicos catalanes que se abstengan de realizar cualquier actuación que pueda incumplir sus sentencias y avanzar en la resolución de "desconexión".

Y les avise de que, en caso de desobedecer, podrían tener que hacer frente a multas entre los 3.000 y los 30.000 euros, la suspensión de sus funciones durante el tiempo necesario para garantizar la "observancia" de las resoluciones del Tribunal Constitucional o la apertura de posibles responsabilidades penales.

Este aviso se realiza de nuevo a Forcadell, al resto de miembros de la Mesa del Parlament, al secretario general de la Cámara, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a los demás componentes del Ejecutivo catalán.

En concreto, quiere que se imponga a los responsables del Parlament la prohibición expresa de convocar a los órganos de la Cámara para debatir y votar ninguna iniciativa que "directa o indirectamente" pretenda dar cumplimiento a la resolución impugnada, según el texto del incidente de ejecución, al que ha tenido acceso Europa Press.

E imponga a Puigdemont y sus consejeros la prohibición de tramitar propuestas legislativas, dictar normas de rango reglamentario o llevar a cabo cualquier iniciativa que pueda dar cumplimiento a esta resolución, advirtiéndoles de las responsabilidades en caso de incumplir, incluidas las penales.

RECUERDA LA MALA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS

CATALANAS

Entre estas iniciativas podrían estar las leyes para una administración tributaria propia y una seguridad social para Cataluña acordadas por JxSí y la CUP. Respecto a ellas, la vicepresidenta ha explicado que el Gobierno diferencia entre las propuestas de los grupos parlamentarios y otras decisiones institucionales, pero ha dejado claro que vigilan que todos los parlamentos autonómicos cumplan con la Constitución y, "si se toman pasos contrarios" a ella, se pasará a actuar.

"En el que momento en que están las finanzas catalanas estar planteándose agencias o sistemas de seguridad social, siendo deficitarios para el pago de pensiones, me parece un flaco favor a los proveedores y pensionistas --ha criticado Santamaría--. Pero uno tendrá que ver sus prioridades. Cuando haya incumplimientos constitucionales el Gobierno actuará de acuerdo con el procedimiento que nos recomiende la Abogacía del Estado".

Con el paso dado este viernes ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno considera que ha actuado con "proporcionalidad y racionalidad" a una "vulneración flagrante" del orden constitucional. "Dijimos que no dejaríamos pasar ni una y no estamos pasando ni una", ha enfatizado.

CONTACTOS DE RAJOY CON EL RESTO DE LÍDERES

Según ha recordado, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ya habló sobre este asunto el pasado miércoles con los líderes de PSOE, Podemos y Ciudadanos, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, y volverá a hacerlo este viernes después de la decisión adoptada, en busca de "la unidad de los demócratas".

Su objetivo es "defender el marco de convivencia y Estado de Derecho" porque "nadie pueda haber por encima de la ley". "Disponemos de instrumentos jurídicos para llevarlos a cabo y los utilizamos de manera razonable y proporcionada", ha insistido.

Advierte al TC en su escrito de que en este

caso no basta "con una mera declaración de

nulidad"

El Gobierno ha advertido al Tribunal Constitucional de que la decisión del Parlamento y del Gobierno de Cataluña de incumplir sus resoluciones al permitir la votación y aprobación del inicio de la "desconexión" con el Estado no puede saldarse, en este caso, "con una mera declaración de nulidad" del texto.

"En esta ocasión, las medidas a adoptar no pueden limitarse a una mera declaración de nulidad de la resolución impugnada", dice la Abogacía del Estado en su incidente de ejecución registrado este viernes ante el TC, al que ha tenido acceso Europa Press.

El Ejecutivo considera "preciso" para salvaguardar la autoridad del tribunal y el Estado de Derecho, que se advierta formal y personalmente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros de su Gobierno y a la presidenta del Parlament, la Mesa y su secretario de que si incumplen lo dispuesto por el TC pueden enfrentarse a la apertura un proceso penal.

El escrito de la Abogacía califica la resolución como "un acto de frontal desacato y manifiesto incumplimiento" a la Constitución y avisa de que tanto el Parlamento catalán como la Generalitat constituyen "instancias llamadas a poner en marcha el proceso secesionista".

Los servicios jurídicos del Estado se hacen eco del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que, fruto de una reforma aprobada en octubre del pasado año, establecen los mecanismos que permiten al Tribunal velar por el cumplimiento de sus decisiones.

Recuerdan en diversas ocasiones que el Parlamento y el Gobierno de Cataluña han incumplido con su iniciativa la sentencia del tribunal de garantías que declaró, en septiembre de 2015, inconstitucional el inicio del proceso de secesión.

A pesar de ello --recuerda el escrito-- la Cámara catalana decidió crear la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Esta iniciativa desencadenó un primer incidente de ejecución del Gobierno que desembocó, la pasada semana, en una primera advertencia del TC a "los poderes" catalanes implicados de su deber de impedir cualquier iniciativa de impulso al proceso separatista.

"CLARO Y GROSERO" DESCONOCIMIENTO DE LOS

AVISOS DEL TC

"A pesar de estas claras advertencias y en incumplimiento frontal a la sentencia el Parlamento de Cataluña en sesión plenaria de 27 de julio de 2016 ha incluido en el orden del día y posteriormente ha aprobado las conclusiones de la Comisión", indica la Abogacía que califica la iniciativa como el reflejo de "un claro y grosero desconocimiento de los avisos dados por el TC.

El Ejecutivo incide en la actitud de la presidenta Carme Forcadell que "alegando que el Parlamento era soberano" permitió la votación, un acto parlamentario que significa "una manifestación acabada de la voluntad de la Cámara de apertura de un proceso político secesionista".

En opinión del Gobierno, el respaldo a las conclusiones de la Comisión no constituye una mera declaración política ya que prevé un conjunto de acciones concretas capaces de producir efectos jurídicos. El objetivo, la creación de un Foro Social Constituyente, apoyado tanto por el Parlamento como por la Generalitat, tras el que se llevará a cabo "una desconexión con el Estado español y la creación de una Asamblea Constituyente que elaborará una constitución de Cataluña como Estado independiente".

PLAN PRECISO PARA LA SECESIÓN

La Abogacía asegura que los pasos dados en Cataluña suponen la puesta en marcha de un plan preciso para la secesión que "puede ser activado en cualquier momento" y en el que, además, "no se espera a que decida el pueblo catalán" porque se predetermina el objetivo, es decir, la independencia.

Esta "perturbación extremadamente grave del orden constitucional", llevada a cabo de forma unilateral, es en sí misma "un manifiesto desprecio" a la Constitución y la soberanía del pueblo español.