Así se desprende del informe 'La propiedad privada en España. Índice de Derecho de Propiedad 2019', presentado por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa; el director general del instituto, Gregorio Izquierdo, y la profesora Sary Levy-Carciente, coordinadora internacional del estudio.

El informe subraya que los derechos de propiedad permiten reconciliar dos movimientos "aparentemente incompatibles", como son la competencia y la cooperación social, lo que "redundará en un mayor crecimiento económico, generación de riqueza, bienestar a largo plazo, estabilidad y paz social".

Por ello, el IEE ve "chocante" el renovado auge de algunos autores que proponen la toma de capital en aras de una supuesta justicia redistributiva mediante "medidas de corte expropiatorio, camufladas bajo propuestas supuestamente de carácter tributario", como, por ejemplo, cuando se propone una imposición patrimonial al tipo del 90%.

A este respecto, advierte de que se implementaran estas propuestas, se estaría negando la propiedad privada y socavando el Estado de derecho, destinado a salvaguardar a las personas y la propiedad. A su juicio, se debe limitar a un porcentaje de la renta el total de los impuestos directos pagados por el individuo para respetar el principio de no confiscatoriedad.

IMPUESTOS "CONFISCATORIOS"

Respecto al Impuesto sobre el Patrimonio, que fue creado con carácter censal, considera que ha "dejado de tener sentido" tras el avance en los medios informáticos de control a disposición de la Administración, y avisa de que el diseño del tributo puede provocar que la suma del Impuesto sobre el Patrimonio supere el 100% de la renta. "Por mucho menos, los tribunales constitucionales alemán y francés lo han considerado inconstitucional", añade al respecto.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) considera que sí que existe una "clara vulneración del principio de no confiscatoriedad" en materia tributaria, puesto que es un tributo que "fácilmente llega a extremos que obligan a los contribuyentes a prescindir de su derecho a la propiedad privada".

En concreto, señala que la escala progresiva de gravamen, unida a la aplicación de los coeficientes multiplicadores en función del parentesco y del patrimonio preexistente, puede llevar el tipo marginal del ISD en España al 81,6%.

Desde el IEE explican que un caso especial de vulneración de los derechos de propiedad es la llamada expropiación indirecta, procedimiento normalizado de expropiación por el cual la Administración "priva físicamente a un propietario de parte o de la totalidad del contenido del derecho de propiedad".

"La expropiación indirecta supone una expropiación de hecho a través de un cambio normativo que, como poco, reduce el valor de la propiedad y, en ocasiones, lo elimina por completo, llegando a producirse una verdadera confiscación regulatoria", añade.

Por ello, opina que en estos casos es necesario analizar las consecuencias de dicha normativa para delimitar si la regulación, aunque formalmente válida, es excesiva, pudiendo considerarse, desde el punto vista económico, como equivalente a una expropiación.

ESPAÑA SE ESTANCA EN DERECHOS DE LA PROPIEDAD

España se sitúa en el puesto 27 del Índice de Derechos de Propiedad entre las economías de la OCDE, por lo que se confirma el estancamiento en la última década, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que avisa de la necesidad de avanzar en la mejora de la garantía de la propiedad en España para aumentar el potencial de crecimiento.

Tras analizar 129 países, el Índice de Derechos de Propiedad arroja, en 2019, una nota global media de 5,8 sobre 10 puntos. Por categorías, la referida al entorno legal y político (LP) obtiene la nota más baja de todas (5,1), mientras que el resguardo de la propiedad física (PF) recibe la mejor calificación (6,4) y la protección de la propiedad intelectual (PI) aparece en una zona intermedia (5,5).

En cuanto a los países de la OCDE, el país líder del índice en 2019 es Finlandia, con una nota de 8,8 puntos, mientras que España aparece en el puesto 27 del índice, con una calificación de apenas 6,5 puntos sobre 10.

La nota cosechada en 2019 confirma el estancamiento de España en la última década, puesto que apenas se han producido mejoras en la protección de los derechos de propiedad. De hecho, la calificación de 2019 es ligeramente inferior a la registrada antes de la crisis.

VINCULACIÓN CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El informe pone de manifiesto que existe una clara correlación positiva entre este índice de derechos de propiedad y la evolución del PIB per cápita y el progreso de la sociedad.

Así, se evidencia la estrecha vinculación entre el progreso económico, aproximado mediante el PIB per cápita, y la protección de los derechos de propiedad, con una correlación del orden de 82%, mientras que, en el caso de la inversión (también per cápita), esta correlación alcanza el 74%.

En este sentido, el IEE sostiene que un marco que aporte seguridad jurídica, certidumbre y confianza sobre la capacidad de disfrutar en el futuro del rendimiento de las actividades y decisiones que se toman hoy, tiende a configurar incentivos proclives a la correcta asignación del capital, así como a estimular la innovación y el emprendimiento, lo que supondrá una mejora de la productividad y del crecimiento a largo plazo.