El titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que incluya a los excargos de la Generalitat Josep Maria Jové y Lluís Salvadó en la causa que instruye por presunta rebelión, sedición y malversación contra el Govern de Carles Puigdemont y miembros de la anterior Mesa del Parlament, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer ha elevado al Supremo una exposición razonada en la que pide a Llarena investigar a Jové, exsecretario general de la Conselleria de Vicepresidencia y Economía y Hacienda, y a Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda, ambos diputados de ERC en el Parlament en la actual legislatura.

El juez hace esta petición al considerar que los dos excargos del Govern pueden ser responsables de un presunto delito de rebelión porque, a su entender, "aceptaban plenamente la posibilidad de que para el logro de sus fines se requiriesen actos de violencia" al acudir a la vía de la declaración unilateral, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

En su escrito, el juez constata la "relevancia capital en la preparación logística del referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 y también económica en el diseño de la Hacienda Pública Catalana" de estos dos políticos, integrantes del 'comité estratégico' del proceso soberanista, según él.

Considera que, por su condición de aforados, al ser diputados en el Parlament, la causa contra ellos solo puede seguirse en el Tribunal Supremo en el caso de investigarles por rebelión, y si no, deberá investigarles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Jové y Salvadó fueron detenidos el 20 de septiembre en la operación de la Guardia Civil ordenada por el Juzgado de Instrucción 13 para evitar la organización del 1-O, y actualmente están investigados en dicho juzgado.

Ramírez Sunyer expone en su escrito los indicios recabados contra Jové y Salvadó en los registros que se efectuaron ese día en sus domicilios y despachos, y cita el documento 'Enfocats' con el plan soberanista y las agendas Moleskine de Jové, entre otras pruebas.

INDICIOS

Entre otros indicios, alude a dos hojas manuscritas halladas en el despacho de Salvadó con los títulos 'Escenari Guerra' y 'Escenari Guerrilla', donde se contemplan dos posibilidades distintas sobre las medidas a adoptar por el Govern según la intensidad de reacción del Estado, especialmente en el ámbito económico, según el juez.

Además, en el despacho de Jové se intervino un documento con anotaciones manuscritas que muestra su posición en el proceso soberanista "y que resulta determinante en los preparativos del referéndum", con anotaciones como: 'Anuncio de la preparación del referéndum como contraataque catalán a la presión judicial. Yo anunciaría un proceso participativo y festivo en todo el país para fabricar urnas...'.

Al analizar el documento 'Enfocats', anotaciones y conversaciones intervenidas, el juez sostiene que existen "indicios suficientes sobre la participación de Jové en la ideación, desarrollo y ejecución de la 'hoja de ruta' hacia la independencia y la proclamación de un nuevo estado".

Concretamente, cita una conversación con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, sobre la instalación de colegios electorales en Barcelona por el 1-O y otra con el entonces conseller de Salud Toni Comín, que gestionaba los locales donde instalar colegios y que plantearon poder hacerlo en Centros de Atención Primaria (CAP).

Sobre Salvadó, afirma que "no solamente tenía puntual conocimiento de las actividades de su departamento sino que resultaba un elemento imprescindible para la distribución, obtención y la ocultación en la mejor forma posible de la financiación de todo lo relacionado con el llamado 'procés", una financiación que se hizo a través de contratos marco generados en 2015, quedando así fuera del mayor control de la Administración Tributaria Española del segundo trimestre de 2017.

Llarena cita el próximo día 16 a la secretaria

del registro que originó el asedio del 20 de

septiembre

El instructor de la causa por el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha ordenado la práctica de diversas diligencias dirigidas a aclarar el asedio que sufrió el pasado 20 de septiembre la sede de la Consejería de Economía de la Cataluña durante un registro ordenado por el juez que investiga la organización del 1-O. Entre ellas la citación de la secretaria judicial presente en las actuaciones, que tuvo que salir del edificio por el tejado a primera hora de la madrugada y camuflada entre el público de un teatro cercano, y lo grabado por las cámaras de seguridad.

En una providencia con fecha del pasado lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, se cita a esta funcionaria, Monserrat del Toro, en calidad de testigo para el próximo 16 de mayo.

Para un día después el magistrado cita a otros tres testigos solicitados por la defensa del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart --procesado por rebelión y en prisión preventiva--, así como copia de la grabación de la cámara de seguridad del vestíbulo de la Consejería entre las 7.30 horas del 20 de septiembre y la 1 de la madrugada del día 21.

INFORMACIÓN SOBRE LOS MOSSOS

Igualmente, Llarena solicita identificación de los agentes de los Mossos d'Esquadra que acudieron a Economía y a las inmediaciones para atender las peticiones realizadas por la Guardia Civil, que acompañaba a la comisión judicial; así como certificación de las diligencias de entrada y registro practicadas ese día por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en diversos inmuebles de Barcelona.

Entre las diligencias acordadas por el juez también se incluye la petición a Telefónica de información sobre el cliente de un número de 'router' (IP estática) concreto entre enero y mayo de 2017 y a la entidad DCmon sobre las acciones realizadas por determinados usuarios de los dominios pacteperelreferendum.cat, referéndum.catalunya.cat y catalanreferendum durante el mismo periodo.