El juez del caso 'Neurona', en el que se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, ha acordado reabrir la investigación sobre los presuntos sobresueldos que habrían cobrado la gerente y el tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, respectivamente, al cuestionar que la primera tuviera competencias para aprobar complementos salariales.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha estimado un recurso de Vox contra el auto del 11 de marzo en el que acordó el sobreseimiento provisional de la causa en relación con el presunto delito de administración desleal imputado a Val por implementar complementos salariales y por abonar los gastos por desplazamiento tanto a ella misma como a De Frutos.

De esta forma, Escalonilla ha dejado sin efecto el archivo temporal, reactivando esta parte del caso 'Neurona', y ha ordenado nuevas diligencias en las que cita al ex gerente Pablo Manuel Fernández Alarcón para que declare como testigo el próximo 21 de mayo.

También ha pedido a Podemos que entregue los estatutos del partido elevados a escritura pública en 2018; el informe de ejecución de los presupuestos de 2019, detallando las partidas que reflejen los complementos salariales; y los datos personales de los trabajadores que recibieron dichos pluses.

El instructor ha acogido el argumento planteado por Vox de que Val no tendría la capacidad de establecer complementos salariales. El propio Escalonilla ha explicado en su auto --al que ha tenido acceso Europa Press-- que, si bien había deducido que la gerente sí tenía esa facultad, "de la documental presentada cabe llegar a conclusiones distintas".

"En tal sentido los certificados de los acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos de fecha 17 y 24 de abril de 2017 (...) acreditan que la escala salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación a propuesta de la gerente, lo que indiciariamente acredita que ésta última no tenía facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala", ha dicho el juez.

ESTATUTOS ANTIGUOS

Al mismo tiempo, ha recriminado a Podemos que no habría aportado los estatutos vigentes en 2019. La formación 'morada' entregó los estatutos elevados a documento público en 2017, pero "parece ser que posteriormente fueron aprobados otros estatutos en el año 2018, que se encontrarían vigentes cuando dicha gerente procedió a la implementación de los complementos salariales y que no han sido aportados por dicho partido político".

Asimismo, ha dado la razón a Vox "en cuanto a que resulta insuficiente a los efectos de acreditar que el Consejo Ciudadano Estatal aprobó la implementación de dichos complementos salariales la mera presentación de un certificado por quien ostentaba la condición de Secretaria del Consejo de Coordinación", la ahora ministra Ione Belarra.

A este respecto, el instructor ha indicado que, "de cara a la adecuada acreditación de tal extremo", Podemos debe aportar el propio informe sobre ejecución de presupuesto de 2019, con "especial indicación" de la partida correspondiente a la implementación de los complementos salariales adjudicados tanto a la gerente como al tesorero y a otros miembros del partido.

PLUSES Y GASTOS

El supuesto cobro de sobresueldos por parte de algunas personas de Podemos es uno de los hechos mencionados por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente en la denuncia que presentó en diciembre de 2019, de la que partió el caso 'Neurona'.

Calvente puso la lupa en los dos complementos que cobraban Val y De frutos --uno por Coordinación, de 210,32 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros-- y en el de responsabilidad personal, por otros 210,32 euros, que recibía la abogada Marta Flor, así como en los reembolsos que habrían recibido en una media de 300 euros mensuales la gerente y el tesorero en concepto de gastos por desplazamiento.

Escalonilla acotó en su momento que la cuestión a dilucidar es si Val tenía facultades para aumentar su sueldo, el de De Frutos y los de otros compañeros mediante estos complementos salariales, ya que de no ser así podría haber incurrido en un delito por administrar deslealmente el dinero de Podemos.

EL CASO 'NEURONA'

El núcleo de esta causa es el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril 2019. El juez sospecha que fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas', por lo que intenta determinar si realmente la empresa hizo ese trabajo para el partido.

A lo largo de la instrucción, Escalonilla ha archivado varios asuntos que constaban en la denuncia de Calvente, tales como los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido. También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad de la formación política a organizaciones afines pero la Audiencia Provincial le ha ordenado reabrirla.

Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, el juez ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.