Comentaba yo, recientemente, con una docta compañera, sentir la sensación de saber cada vez menos, a lo cual me respondió que eso nos pasaba a todos, continuamos comentando el tema y llegamos a la conclusión de que el ordenamiento jurídico actual es un laberinto absurdo, muchas veces falto de sentido común, repleto de un océano de normas inconexas y mal redactadas que nos hacían recordar el auténtico galimatías de la legislación romana cuando avanzaba el Imperio que trató de paliarse con la famosa ley de Citas referida a los autores Gayo, Paulo, Papiniano, Ulpiano y Modestino que sin embargo no solucionó el problema.

Ahora parece querer utilizarse como solución mágica el ordenador e Internet, pero unas veces es una ayuda y otras un obstáculo.    

      Comentábamos a propósito de ciertos dislates de nuestras depredadoras autonomías que quizá el problema del mundo jurídico actual radica en que hay mucha gente conocedora de multitud de normas pero casi nadie domina la parte general del Derecho, es decir, ignoran su esencia y por lo tanto son meros leguleyos que sólo contribuyen a convertir el ámbito jurídico en un terreno lleno de peligrosas arenas movedizas que por otra parte vienen muy bien para el ejercicio del despotismo político.

 Puede entenderse que en la administración autonómica se tenga un nivel ínfimo de preparación en estas materias pues en realidad para actuar de comisario político y de esquilmador medieval de la plebe no haga falta ser un experto jurista sino tener poder y ganas de molestar.

Sin embargo, lo que ya nos sume en la estupefacción, es que un alto funcionario del Estado, de los pocos cuerpos nacionales que se siguen manteniendo, y uno de los tres cuyas oposiciones se consideran más difíciles, manifieste despachadamente, en un periódico asturiano, lo siguiente: “debe tenerse en cuenta que las escrituras públicas únicamente producen efecto entre sus otorgantes”. Ignora el artículo 1216 del Código civil que dice: “son documentos públicos los autorizados por un notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la Ley”. Ignora también el 1218 del mismo cuerpo legal que dice: “Los documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros”. Al respecto también se podrían citar el 1219 y siguientes, especialmente el 1222 pero no procede convertir un artículo de un periódico de información general en uno de revista especializada.

No sabemos si el afán por la supervivencia de los cuerpos funcionariales nubla el entendimiento de sus miembros, si el hecho de moverse en medios que pueden ser poco habituales distrae la concentración o si ese día la persona entrevistada parecía un fortísimo dolor de cabeza que le impedía discurrir con claridad.

 No obstante en atención a su prestigio profesional, del que por otra parte y a pesar de todo no dudamos y por el del cuerpo en general al que representa, consideramos oportuno que debería rectificar públicamente semejante dislate.