Las aportaciones derivadas del copago farmacéutico en Euskadi se situarán, según las primeras estimaciones del Ejecutivo vasco, entre los 16 y los 20 millones de euros anuales. Por su parte, el Gobierno ha invertido, para su puesta en marcha, 422.000 euros en una aplicación informática dirigida a la farmacia que quiere hacer el copago "lo menos gravoso" posible a la población.

   A diferencia con lo que ocurre en otras Comunidades autónomas, en Euskadi, las personas que lleguen al tope de aportación no tendrán que adelantar más dinero y esperar posteriormente a su reembolso. De esta forma, los perceptores de las pensiones más bajan pagarán un máximo de ocho euros al mes y, en ningún caso, tendrán que hacer aportaciones por encima de esa cantidad".

   El Gobierno vasco ha manifestado, en numerosas ocasiones, que está en desacuerdo con la aplicación del copago pero lo hará en cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional que dejó en suspenso determinados artículos del decreto 114 del Gobierno vasco.

   Precisamente, el gabinete Urkullu ha argumentado que su oposición a esta medida ha permitido retrasar durante un año su entrada en vigor en Euskadi, que será, de hecho, la última comunidad autónoma de todo el Estado en implantarla.

APLICACIÓN

   El Ejecutivo autónomo lleva seis meses trabajando en una aplicación informática para instalar en las farmacias con el objetivo de que sea "lo menos gravoso para la población, especialmente, para los pensionistas".

   Esa aplicación se instalará en las farmacias y permitirá consultar el tipo de aportación de cada persona, además de "controlar los límites máximos de esa aportación para evitar los reintegros de gastos.

   A partir de la entrada en vigor del copago, las recetas tendrán un código TSI de aportación y las personas usuarias deberán abonar el porcentaje asociado, que dependerá de su situación sociolaboral y nivel de renta".

   Las rentas por debajo de los 18.000 euros anuales seguirán costeando, como hasta ahora, el 40 por ciento de los medicamentos adquiridos con receta oficial, y, desde esa cifra hasta los 100.000 euros, tendrán que costear el 50 por ciento. Quienes superen los 100.000 euros de renta anual tendrán que abonar el 60 por ciento.

   En el caso de las personas pensionistas, con carácter general, pagarán el 10 por ciento del precio del medicamento, con un tope mensual por persona establecido en función de su renta. Quienes  perciban menos de 18.000 euros pagarán un máximo de 8,14 euros al mes por persona.

   Si la pensión oscila entre 18.000 y 100.000 euros, un tope de 18,32 euros al mes, en el caso de rentas por encima de 100.000 euros, el tope se establece en 61,08 euros por personas y mes.

   En todos los casos, quedarán exentos las personas afectadas de síndrome tóxico, con discapacidad contemplada en la normativa específica, los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o de pensiones no contributivas, parados de larga duración cuando se les haya agotado el subsidio y en tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.