En rueda de prensa, ha explicado que el PP entiende que ambos proyectos tienen aspectos que podrían "vulnerar claramente" la Constitución Española y el Estatut, por lo que consideran necesario que el órgano consultivo de la Generalitat se pronuncie sobre ellos antes de que la Cámara los apruebe definitivamente. Ahora el Consell de Garanties Estatutàries tiene un plazo de un mes para pronunciarse sobre ambos recursos, por lo que el pleno sobre la aprobación definitiva de las cuentas y la ley de acompañamiento no se celebrará hasta que el órgano consultivo resuelva, presumiblemente ya en el mes de enero de 2014.

Este hecho obligará al Ejecutivo catalán a prorrogar de nuevo los presupuestos de la Generalitat, por lo que durante los primeros compases de 2014 seguirán vigentes las cuentas de 2012 -en 2013 CiU y ERC acordaron no hacer presupuestos en protesta por el reparto de los objetivos de déficit-.

Este lunes la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, explicó que negociaba con el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro para decidir si impugnaba las cuentas de la Generalitat, aunque señaló que no lo haría si con ello podía poner en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit a final de año. Millo ha defendido que la partida de cinco millones de euros prevista para procesos electorales y consultas populares tiene como objetivo financiar una hipotética consulta sobre la independencia de Cataluña, por lo que entienden que va contra el Estatut y la Constitución.

El dirigente popular, que ha recordado que en 2009 -como 2014, año de elecciones europeas- la partida prevista en los presupuestos fue de 175.000 euros, ha invitado a CiU a aceptar una enmienda de los populares para suprimir esa partida si quiere que el PP no lleve el proyecto de presupuestos al Consell de Garanties. El portavoz del PP en el Parlamento ha replicado también al consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, que este martes ha advertido a los populares tras la reunión del Consell Executiu de que si recurrían las cuentas impedirían que se aplicasen algunas medidas en favor de los más débiles como la tarifa social eléctrica.

 Millo ha acusado a Homs de hacer "demagogia barata", y ha recordado al Ejecutivo catalán que, si quiere, puede aprobar esa medida mediante un decreto urgente que entre en vigor a partir del 1 de enero con independencia de que se hayan aprobado o no las cuentas para 2014.

Sobre la Ley de Acompañamiento, el dirigente popular ha argumentado que algunas de las tasas previstas en el proyecto podrían vulnerar competencias del Estado, por lo que requieren al Consell de Garanties que se pronuncie sobre ellas antes de su aprobación en el pleno. El dirigente popular ha invitado a PSC y Ciutadans a sumarse al recurso presentado por el PP, después de que el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, le hubiera emplazado instantes antes a recurrir los dos proyectos y a no moverse "por tacticismo e interés". Cabe recordar que para presentar un recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries son necesarios 14 diputados, por lo que el partido que dirige Albert Rivera no puede solicitar un dictamen por sí solo pero sí añadirse al que reclama el PP.

"RESENTIMIENTO Y FILIBUSTERISMO"

Pese a la invitación a sumarse al recurso, el portavoz del PSC en el Parlamento, Maurici Lucena, ha acusado de "obstruccionismo y filibusterismo" a los populares por impugnar las cuentas, y les ha reprochado que solo tienen ganas de fastidiar y que provocarán otra prórroga presupuestaria que no tiene ningún efecto positivo para Cataluña.

El PSC no ve argumentos legales para que el recurso prospere, por lo que ha sentenciado que la decisión del PP catalán es una iniciativa "made in Mariano Rajoy": no aporta nada a las soluciones que reclaman los catalanes y contribuye a una crispación que solo genera más fieles al independentismo.

El líder de CiU en el Parlamento, Jordi Turull, ha censurado que la iniciativa del PP está formulada desde "el resentimiento y el revanchismo", y ha concluido que impugnar las cuentas por la partida de la consulta demuestra que el PP, si cree en la democracia, lo disimula bastante. Asimismo, ha reprochado a los populares que su decisión supone retrasar la entrada en vigor de algunas partidas presupuestarias destinadas a los "más vulnerables", y ha pronosticado que el recurso al Consell será un "boomerang" que acabará girándose en contra del partido de Alícia Sánchez-Camacho.

 Desde las filas de ERC, Pere Aragonès ha achacado la impugnación de las cuentas a una estrategia de "boicot" a la consulta por parte de los populares, y ha censurado que no solo no permitan a los catalanes votar sobre su futuro sino que, a su juicio, penalicen a los más vulnerables retrasando la entrada en vigor de medidas contra la crisis.