Esta reforma, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, se elevará ahora al próximo Pleno del Congreso para después remitirse al Senado con la previsión de que el nuevo sistema de elección de los vocales sea puesto en práctica en la renovación que corresponde acometer en septiembre.  

  Los grupos han presentado 273 enmiendas al articulado, de las cuales los "populares" han aceptado una decena de las iniciativas. Entre las transaccionadas por el PP y el PSOE, se incluye la que recoge el deber "inexcusable" de los vocales de asistir, participar y emitir voto válido sobre las cuestiones a decidir por el Pleno y las Comisiones, limitando las abstenciones a supuestos en los que concurra causa legal para ello.  

  Esta iniciativa propone que solo puedan emitir voto en blanco cuando la naturaleza del acuerdo lo permita y, en ningún caso, cuando se trate de materia disciplinaria y decisiones sobre recursos.  

  Se han introducido las enmiendas propuestas por CiU que amplían las competencias del Consejo para que pueda emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de justicia, así como recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia, las cuales en ningún caso darán derecho a la incoación de un procedimiento.

   El órgano de gobierno de los jueces tendrá entre sus atribuciones la de cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.

   El PP también ha pactado con el PNV que el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), con sede en San Sebastián, colabore con el Consejo en la armonización de los sistemas informáticos que redunden en una mayor eficiencia de la actividad de los juzgados. El director del CENDOJ deberá acreditar el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos quince años.

CONSEJO DÉBIL ANTE JUECES BELIGERANTES  

  La oposición ha sido unánime al advertir de los riesgos que tiene en la neutralidad y en la necesaria independencia de los vocales el hecho de que compaginen su cargo con su función jurisdiccional o su profesión. Advierten de que el "debilitamiento" de este órgano constitucional se produce en un momento en el que los jueces son "beligerantes" contra "determinadas políticas del Gobierno".

   Para el portavoz del PSOE en Justicia, Julio Villarrubia, el modelo diseñado por el Gobierno conlleva un inédito "ataque" a la independencia y una "ocupación política" del Poder Judicial, así como un "notable desapoderamiento" en sus funciones.  

  "Es una grave contrarreforma que ha conseguido poner por primera vez a todos los operadores jurídicos del país en contra", ha expuesto el socialista, para amenazar con que la vigencia de esta ley se acotará al tiempo en el que los "populares" permanezcan en el Gobierno.   

 Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares ha tildado de "involución" la reforma del Consejo del Poder Judicial y ha responsabilizado al ministro Alberto Ruiz-Gallardón de no dialogar con la oposición. "La asunción de las enmiendas ha sido mínima, la deliberación prácticamente nula y el consenso inexistente", ha resumido.  

  Los nacionalistas de ERC y el PNV han lamentado que el Gobierno haya desperdiciado la oportunidad "histórica" de regular la creación de los consejos autonómicos de justicia o de valorar como un mérito preferente el conocimiento de las lengua cooficial. La diputada del PP Sara Cobos ha respondido que este asunto no afecta al Consejo y que deberá abordarse en el resto del articulado de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial.

    El reparto bipartidista de los miembros del órgano de gobierno de los jueces ha sido criticado por grupos como Unión Progreso y Democracia (UPyD) o Izquierda Plural, que ven que este "reparto de la tarta" polariza las decisiones del Consejo y aumenta el descrédito en las instituciones. "Los desmanes han sido posibles por la impunidad de los delincuentes, que actúan en un cortijo particular por una Justicia que ellos mismos deciden por quién va a ser impartida", ha dicho Toni Cantó.   

 Desde el PNV, Emilio Olabarría también ha deslizado que el debilitamiento del Consejo se produce en un momento en el que la Administración de Justicia comienza a ser "beligerante" con determinadas políticas del Gobierno.