El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha considerado que se ha hecho "lo correcto" para destrabar el conflicto por las obras de ampliación del Canal de Panamá y ha expresado su interés por que las empresas españolas sigan invirtiendo en el país".

   Según ha informado la Presidencia de Panamá, Martinelli y la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, se han reunido este martes en la Embajada, junto al jefe de la misión diplomática, Jesús Silva, y el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia.

   "Se mostraron positivos con el diálogo que adelanta la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con el Grupo Unidos por el Canal (GUPC, liderado por la empresa española Sacyr) para resolver la situación", reza el comunicado.

   "Hemos hecho lo correcto y agradezco a la ministra de Fomento que haya venido a Panamá a impulsar este diálogo entre las partes, ya que lo importante es que el proyecto de ampliación se termine a tiempo para beneficio del comercio mundial", ha dicho Martinelli.

   Además, a su salida de la Embajada, "Martinelli ha indicado a los medios de comunicación que Panamá sigue interesada en que más empresas españolas sigan invirtiendo en el país", ha detallado el Palacio de Las Garzas.

   Por su parte, Pastor ha agradecido a Panamá "la confianza que tiene y ha tenido en las empresas españolas" y ha subrayado "que lo importante de ahora en adelante es que el proyecto de ampliación concluya satisfactoriamente".

   "Hemos trabajado para que se busque una solución a este conflicto y confiamos en que se resuelva", ha añadido la ministra de Fomento española.

SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

   El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), en el que participan la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, decidió la semana pasada suspender la construcción del tercer conjunto de esclusas del Canal de Panamá si los incumplimientos denunciados no son remediados dentro del periodo de preaviso.

   El GUPC ha presentado fundadas reclamaciones en relación con los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias "sobrevenidas e imprevisibles" ante las diversas autoridades competentes, incluida la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, según ha informado la constructora española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   El consorcio ha asegurado que ha venido desarrollando continuados esfuerzos para que dichas reclamaciones, cuyo importe global asciende a unos 1.625 millones de dólares, fueran atendidas por la ACP a medida que han ido surgiendo.

   Sin perjuicio de lo anterior, el GUPC mantiene abierta la interlocución con la ACP para alcanzar un acuerdo satisfactorio que ponga fin al actual desequilibrio contractual.