Por un importe total estimado de, al menos, 1.185 millones de euros.

   Así lo ha señalado en su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada en la Cámara Baja, durante la presentación del 'Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social', el primero --al menos que recuerde Álvarez de Miranda-- realizado sobre este asunto.

   Según el presidente del organismo fiscalizador, las obligaciones netas reconocidas por incapacidad temporal por parte de las entidades de la Seguridad Social --INSS, Instituto social de la Marina y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales-- fueron de 6.241 millones en 2011 y de 5.360 millones en 2012.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

   Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social no controló --ni informáticamente a través de sus Servicios Centrales ni manualmente por sus direcciones provinciales-- casi 1,92 millones de incapacidades temporales, cifra que representa el 64% del total de procesos a su cargo y que eleva al menos a 1.185 millones de euros el importe de las prestaciones financiadas por la Seguridad Social, derivadas de estos procesos no controlados entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.

   Este "grave defecto de control interno" se debe, según Álvarez de Miranda, a que "los servicios públicos de salud de varias comunidades autónomas incumplieron su obligación de remitir los partes médicos de confirmación" de dichas bajas, y a que la base de datos del INSS presentaba "limitaciones y carencias de información" sobre los procesos de incapacidad a cargo de las empresas.

   Además, el Tribunal de Cuentas señala que las bajas temporales controladas por los Servicios Centrales del INSS bajaron un 31,4% en 2012 con respecto al ejercicio anterior, fundamentalmente por la "exclusión de los contratos laborales a tiempo parcial en los procesos de comprobación". Por su parte, los procesos comprobados mediante su envío a la Tesorería General de la Seguridad Social fue "apenas" el 36% del total.

   Tampoco el cruce informático de bases de datos fue eficiente, ya que 110.114 bajas temporales enviadas a la Tesorería "tampoco pudieron ser validadas ni controladas", por lo que las deducciones que se aplicaron las empresas "también quedaron fuera del control" tanto del INSS como de la propia Tesorería, cuya base de datos "presenta numerosas deficiencias".

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA Y MUTUAS

   Por su parte, el Instituto Social de la Marina también adoleció de "deficiencias e irregularidades en las deducciones" que se practicaron las empresas por contingencias comunes, como revela el que la información de su base de dato "no era coherente con la información financiera y presupuestaria que se deduce" de sus cuentas anuales. Y es que si en la base de datos los pagos directos recogidos son de 13,7 millones, las obligaciones netas reconocidas en su presupuesto de gasto ascienden a 24,8 millones.

   En cuanto a las Mutuas, realizaron un control sobre el pago delegado "mucho más fiable y eficiente" que el del INSS, por lo que las reclamaciones de deudas que solicitaron a la Tesorería General por deducciones indebidas en incapacidad temporal fueron "significativamente superiores" a las comunicadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

   No obstante, también esta entidad presentaba "numerosas deficiencias" en su sistema de transmisión diaria de partes médicos de alta y baja al INSS, lo que "no permitía la transmisión de los partes médicos de confirmación ni la corrección de errores por parte de las Mutuas", ha señalado Álvarez de Miranda.

   En este sentido, el presidente del Tribunal de Cuentas ha alertado de que "las demoras existentes en los Servicios Públicos de Salud autonómicos respecto a la prestación sanitaria a los trabajadores asegurados por las mutuas ocasión que determinados procesos de incapacidad temporal se alargasen de forma innecesaria, lo que supuso que el importe de la prestación económica se incrementase, con el consiguiente perjuicio económico".

   "El control sobre el pago delegado de las Mutuas ha sido en este periodo más fiable y eficiente que el del INSS, y eso no lleva aparejada ninguna opción de privatización de la Sanidad, sino únicamente (el consejo de) que los servicios correspondientes emulen su actividad y mejoren el control", ha señalado, negando complacencia del Tribunal de Cuentas ante estas instituciones.

   En relación con las deducciones que se aplican las empresas por las incapacidades temporales de sus trabajadores, Álvarez de Miranda ha alertado del "riesgo de que las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión de la incapacidad temporal, al finalizar su colaboración, no efectúen el ingreso en la Seguridad Social de los excedentes", sobre todo porque generalmente la finalización de esa colaboración se debe a que entran en concurso o situaciones similares.

CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

   El organismo fiscalizador ha detectado por último que la Seguridad Social ha financiado "indebidamente" gastos en las comunidades autónomas a resultas de las "irregularidades" en la gestión de los convenios de colaboración firmados con quince comunidades --todas salvo País Vasco y Navarra--, por lo que cree que el INSS debería "exigir el reintegro junto con los correspondientes intereses de demora" y "calcular la correcta financiación" que corresponde a cada región.

   Por último, el Tribunal critica que el Instituto Nacional de la Seguridad Social "no aplicara los mismos criterios de valoración" para justificar los convenios de colaboración firmados con País Vasco y Navarra en relación con el resto de comunidades, lo que a su juicio supuso "un tratamiento diferente e injustificado".

   En su turno de réplica, Álvarez de Miranda ha reconocido que la no cobertura de los efectivos de las entidades del sistema de la Seguridad Social en los últimos años "indudablemente influye" en sus resultados de control, aunque a su entender "no es ni el único punto a valorar ni el más importante", como demuestra el que esta congelación de plantillas "afecta al conjunto de la Administración pública" y, pese a ello, "existen instituciones que han incrementado sus controles".

   Por eso, ha recomendado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que cree una base de datos de partes médicos "debidamente consolidada y conjunta" con la información de que disponen tanto las entidades del sistema como las comunidades autónomas, en aras a conseguir "un control más eficiente" de las bajas temporales.