El documento establece que el periodo de transición, que se ha iniciado con la publicación de esta declaración constitucional y que terminará con la celebración de los comicios presidenciales, que habrán de tener lugar en el plazo de seis meses, según ha informado el diario egipcio Al Ahram.

   Como primer paso, las nuevas autoridades tendrán que establecer un grupo de trabajo en el plazo de 15 días que tendrá como objetivo enmendar la Constitución, suspendida la semana pasada por el Ejército.

   La suspensión de la Carta Magna supuso el derrocamiento del hasta entonces presidente Mohamed Mursi, que accedió al poder hace apenas un año tras las primeras elecciones democráticas tras la revolución de 2011, que se saldó con la caída de Hosni Mubarak el 11 de febrero de ese mismo año.

   Este comité estará conformado por dos miembros del Tribunal Constitucional, dos jueces, dos miembros del Consejo de Estado y cuatro profesores universitarios de Derecho Constitucional. Todos ellos serán elegidos por los organismos correspondientes, mientras que los profesores lo serán por el Consejo Supremo Universitario.

   Una vez finalizados sus trabajos, este organismo presentará sus propuestas a un segundo comité conformado por 50 miembros, entre los que deberán estar representados todos los segmentos de la sociedad.

   Entre ellos habrá representantes de los partidos, intelectuales, trabajadores, sindicalistas, así como representantes de la Universidad de Al Azhar y la Iglesia. Igualmente, estarán representados el Ejército y la Policía.

   Las enmiendas deberán ser aprobadas o acordadas por este segundo organismo en el plazo de 60 días desde su presentación y presentado a debate público durante dicho periodo.

   Los cambios que se introduzcan en la Constitución serán presentados a referéndum en el plazo de 30 días, es decir, un plazo máximo de cuatro meses desde este momento.

   Posteriormente, el país celebraría elecciones parlamentarias, previstas para el mes de febrero, tras lo que el nuevo Parlamento convocaría los comicios presidenciales.

   Asimismo, la declaración contempla que Mansur contará con autoridad legislativa junto con el Gobierno interino, que tendrá un papel consultativo. Esta autoridad presidencial será transferida a la cámara baja del Parlamento una vez ésta sea electa.

   El presidente interino contará además con la capacidad de aprobar los presupuestos y declrar el estado de emergencia tras conseguir la aprobación del Gabinete. El mismo podrá estar en vigor durante un máximo de tres meses y ser extendido por ese mismo periodo en caso de que así sea aprobado en referéndum.